Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este martes el Título 42, regla que ha servido al Gobierno de Joe Biden para expulsar a miles de migrantes que llegan por la frontera entre México y EE.UU.
La orden del juez Emmet Sullivan deja a la administración de Biden sin una de las herramientas con las que se ocupaba de los miles de migrantes que llegan a la frontera a diario, por lo que ahora se podría restablecer el acceso al asilo para los inmigrantes que llegan.
Asimismo, alegó que el Título 42 es una medida «arbitraria y caprichosa” que viola la Ley de Procedimiento Administrativo”, por lo tanto, no pueden recurrir a la norma sanitaria.
El Título 42 habilita la expulsión de adultos solteros y familias que crucen sin autorización las fronteras terrestres; de Estados Unidos para frenar el avance del virus.
Sullivan culpó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU., que emitieron la orden de salud pública, por “su decisión de ignorar el daño que podría causar” al emitir la política.
Añadió que los CDC tampoco consideraron enfoques alternativos, como permitir que los migrantes se pongan en cuarentena en hogares de amigos; familiares o refugios en Estados Unidos.
En ese sentido, precisó que la agencia debería haber reexaminado su enfoque cuando las vacunas y las pruebas estuvieron ampliamente disponibles.
Como respuesta a la decisión, el Departamento de Seguridad Nacional presentó una moción solicitando que la decisión del martes se suspenda por cinco semanas; hasta la medianoche del 21 de diciembre, tras señalar que se trataría de una medida transicional.
«El retraso en la implementación de la orden de la Corte le permitirá al gobierno prepararse para una transición ordenada hacia nuevas políticas en la frontera», dijo el Departamento de Seguridad Nacional.
Sin embargo, el juez ordenó que el Gobierno no pueda solicitar que se suspenda el fallo para bloquear su aplicación; lo que significa que las autoridades tendrán que apelarlo ante un tribunal superior si quieren que siga vigente.
El fallo se basó en una demanda presentada en enero por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que acusa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Patrulla Fronteriza de «expulsión sumaria» de familias vulnerables que buscan asilo y que no muestran signos de infección por covid.
