El Coliseo de La Urbina, en Petare, no fue elegido al azar. El inicio de la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, liderado este lunes por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sitúa el debate jurídico en el corazón de uno de los sectores populares más vibrantes del país. No se trata de una discusión técnica entre bufetes y despachos cerrados; el propósito declarado es llevar la reestructuración de las leyes directamente a las calles.
A partir de hoy, un despliegue nacional movilizará a jueces, fiscales y diputados en jornadas de calle y mesas de trabajo. El uso de tribunales móviles en espacios públicos busca romper la distancia histórica entre el ciudadano común y el administrador de justicia, intentando que el proceso de administración de justicia sea oportuno y, sobre todo, cercano.
El corazón metodológico de esta consulta es la recolección de propuestas de base para modificar los códigos y leyes fundamentales del sistema. El enfoque apunta hacia un derecho penal garantista. En la práctica, esto significa fortalecer el principio de presunción de inocencia, agilizar los procesos para reducir el retardo procesal y garantizar que los derechos humanos no sean un enunciado retórico, sino una realidad palpable en cada tribunal.
La propuesta del Ejecutivo descansa en dos conceptos clave: solidaridad y corresponsabilidad. La seguridad jurídica y la paz social no se construyen únicamente con el aumento de penas o el punitivismo, sino con el involucramiento de la sociedad en la contraloría y el diseño de las políticas.
