El último plan de paz de Washington para la zona, lo presentó Barack Obama en 2011 e incluía un Estado palestino basado en las fronteras previas a la Guerra de los Seis Días de 1967, “con intercambios de tierra acordados mutuamente”, algo que Benjamín Netanyahu rechazó. Aunque hubo un intento fallido, de retomar conversaciones directas entre palestinos e israelíes en 2010, las negociaciones están estancadas desde 2008, cuando Israel lanzó la operación “Plomo Fundido” en la franja de Gaza, en respuesta al lanzamiento de cohetes por Hamás, una operación que dejó más de 1.400 palestinos muertos.
La Casa Blanca señala que su plan “quiere lograr un reconocimiento mutuo del Estado de Israel como una nación-Estado para el pueblo judío y el futuro Estado de Palestina como el Estado-nación del pueblo palestino, con los mismos derechos civiles para todos los ciudadanos”. El mapa que marca, muestra no obstante, un Estado palestino hiperfragmentado a modo de archipiélago, con asentamientos israelíes en su interior, conectados con el Estado israelí a través de corredores que parten el territorio.
Asimismo, concede a Israel zonas al Oeste del valle del río Jordán, situadas en Cisjordania, con lo que esta área ocupada quedaría sin salida directa a Jordania, a la que estaría vinculada por dos carreteras que cruzarían territorio israelí. “El valle del Jordán, que es crítico para la seguridad nacional de Israel, estará bajo la soberanía de Israel”, sentencia el texto. Se trata de una zona que constituye alrededor del 30% del territorio de Cisjordania, y su anexión es un reclamo histórico de la derecha israelí.
En cuanto a Gaza, el plan recuerda que ha estado gobernada por el grupo islámico Hamás, al que describe como una “organización terrorista, responsable de asesinatos y ataques a miles de israelíes”, y concede a Israel la soberanía de las aguas territoriales de la franja, al considerar que son vitales para la seguridad del Estado israelí. Advierte además de que “no habrá mejoras significativas en Gaza hasta que haya un alto el fuego con Israel, una desmilitarización completa de la franja y una estructura de gobierno que permita a la comunidad internacional invertir de forma segura y cómoda” para mejorar su economía.
La iniciativa propone también, que Israel ceda territorio a los palestinos cerca de Gaza, que pueden ser “áreas pobladas y no pobladas”. Israel mantendría una “responsabilidad de seguridad predominante” del Estado de Palestina, con las fuerzas palestinas encargadas únicamente de la seguridad interna, de la lucha antiterrorista, la seguridad fronteriza y la respuesta a desastres.
Israel sería responsable de la seguridad en los cruces internacionales y, en el caso de Rafáh, en la frontera con Egipto, se abordarían acuerdos específicos con El Cairo. Además, Israel mantendría el control del espacio aéreo al oeste del río Jordán, mientras que la Armada israelí podría bloquear la entrega de “armas y materiales para la fabricación de materiales en el Estado de Palestina, incluida Gaza”.
¿Podrían regresar los refugiados palestinos?
La iniciativa aborda uno de los temas más espinosos en unas hipotéticas negociaciones entre israelíes y palestinos: el derecho de retorno de los refugiados. A ese respecto, y pese a lo que establece la resolución 194 de la ONU, el plan marca que “no habrá derecho de retorno, o absorción de ningún refugiado palestino en Israel”. Establece, no obstante, tres opciones para los refugiados palestinos que busquen un sitio permanente de residencia: “absorción” para aquellos registrados en la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en el futuro Estado palestino; integración en sus países actuales de acogida; o su reasentamiento en los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), que los acepten.
En ese sentido, el plan indica que “los hermanos árabes tienen la responsabilidad moral de integrar a los refugiados en sus territorios del mismo modo que los judíos fueron integrados en el Estado de Israel”.
¿Qué limitaciones tendría el nuevo Estado palestino
Entre otras, Palestina no podría alcanzar acuerdos militares, de Inteligencia o seguridad con ningún Estado u organización que “afecte de forma adversa la seguridad de Israel” ni podrá desarrollar capacidades “militares o paramilitares” dentro o fuera de su territorio. Tampoco podría unirse a organizaciones internacionales sin el consentimiento de Israel, y debería retirar sus demandas contra Israel, EE.UU. y los ciudadanos de estos países ante el TPI, la CIJ o cualquier otro tribunal, así como no recurrir a Interpol contra ellos.
Así, el nuevo estado no podría tener “capacidades que puedan amenazar al Estado de Israel”, mientras que Israel tendría derecho a “desmantelar o destruir” instalaciones utilizadas para producir armas o con “propósitos hostiles”, así como para adoptar medidas de seguridad para mantener Palestina “desmilitarizada”.
