El presidente de Colombia, Gustavo Petro, suspendió la consulta popular sobre la reforma laboral. En su lugar, buscará que el trámite de la reforma se realice mediante la negociación en el Congreso.
Según informó el senador Iván Cepeda, la decisión implica “congelar la consulta popular y concertar la reforma entre Senado y Cámara”. Este anuncio se produce en un momento crítico, mientras el senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el pasado 7 de junio, permanece delicado en un hospital de Bogotá.
El mandatario colombiano explicó que su decisión de suspender la consulta popular sobre la reforma laboral se debe a la inviabilidad de que tanto la consulta como la ley salgan adelante. “No puedo llevar al pueblo colombiano a un engaño”, aseguró.
Aunque el decreto para la consulta está listo y firmado, solo a la espera de la sanción presidencial, Petro aclaró que el retraso no tiene nada que ver con el atentado contra el senador, “no se deben confundir 2 cosas diferentes”, ya que existen “serios indicios” de que el atentado fue obra de la mafia internacional.
Seguridad
Tras el atentado contra Uribe Turbay y las sospechas de la mafia internacional, el jefe de Estado ordenó incrementar la seguridad para varios dirigentes de la oposición, incluyendo a Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, Abelardo de la Espriella y Victoria Eugenia Dávila.
“En el Consejo de Seguridad he ordenado la ampliación de los sistemas de seguridad de los miembros de la oposición, y de las familias de los integrantes del gobierno nacional, ante las nuevas amenazas directas contra los hijos de ministros y presidente”, escribió Petro en sus redes sociales.
Por lo que afirmó que: “Los asesinos buscan que nos matemos entre nosotros, debilitar el Estado y avanzar sobre sus controles a la economía ilícita”, mencionando abiertamente a la “Junta del Narcotráfico” y el “narco Marset” en relación con los golpes dados a actividades ilícitas.
Finalmente, el presidente enmarcó el crimen contra Uribe Turbay en el mismo patrón de asesinatos de otros candidatos en Latinoamérica, como el de Fernando Villavicencio en Ecuador (asesinado el 9 de agosto de 2023), sugiriendo que se trata de una “ofensiva por la toma del Estado en buena parte de Latinoamérica por la mafia”.
