El Ministerio Público entregó un nuevo informe actualizado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los avances en materia de judicialización de crímenes cometidos por efectivos de seguridad que han atentado contra los derechos humanos. El informe entregado es una respuesta a todos los requerimientos realizados por la Fiscalía de la CPI en un escrito fechado el 2 de octubre de 2020.
«En estos 3 años y 8 meses hemos imputado a 716 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Asimismo, se aprehendieron un total de 540 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares»; informó este sábado el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Por otro lado, comunicó que han sido acusados un total de 1.064 funcionarios y 136 civiles. Además se han logrado 153 condenas.
CPI y su falta de transparencia
Este nuevo documento es el tercero entregado. «No es más que la continuación de la colaboración absolutamente irrestricta de las Autoridades Venezolanas con la Fiscalía de la CPI; en todos aquellos puntos sobre los que ha sido requerida»; aclaró el fiscal. Al mismo tiempo ratificó que la primera aportación de información en fecha 30 de noviembre de 2020, el Estado Venezolano contestó debidamente al cuestionario remitido por la Fiscalía de la CPI; ante las denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos por efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado.
De esta manera, resaltó el compromiso adquirido por el Estado en la implementación de medidas como la modificación de su ordenamiento jurídico e institucional interno. Sin embargo, la fiscalía de la CPI no ha respondido oportunamente. Sobre estas irregularidades, el fiscal venezolano resaltó que «la voluntad de colaboración de la República Bolivariana de Venezuela ha quedado de manifiesto; si bien, no podemos dejar pasar la ocasión para dejar constancia de la falta de transparencia del proceso por parte de la Fiscalía de la CPI en la tramitación del Examen Preliminar en el que nos hallamos».
Por su parte, concluye que la «Fiscalía de la CPI en situaciones anteriores siempre ha tratado de colaborar con las autoridades nacionales en caso de que los procedimientos nacionales pertinentes ya estén en marcha»; sin embargo, con Venezuela no sucede así. Sobre el hecho denunció que «esta comunicación solo se está desarrollando por parte del Estado hacia la Fiscalía de la CPI y no viceversa».
Un llamado
De igual manera, la fiscalía venezolana insta al organismo internacional para que el Estado sea informado sobre la opinión de la CPI de los compromisos concretos anunciados; y para saber si las medidas ya adoptadas a nivel nacional, son suficientes para la evaluación que realiza en la fase actual. Asimismo insiste en que es pertinente que se trasladen; con cierta premura, las propuestas concretas de mejora que la Fiscalía de la CPI considere y que hasta ahora se ha mantenido en silencio.
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