Julio César Pineda es embajador de entidad pro-israelí dirigida por un «profeta»

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El pasado 26 de junio, diplomáticos, internacionalistas y dirigentes de partidos políticos se reunieron en el Capitolio de Carabobo, donde coincidieron en la necesidad de fortalecer un frente común que reúna al gobierno y a la oposición para la defensa del Esequibo.

Entre los asistentes al foro internacional realizado en el marco de la mesa de diálogo regional estuvieron el viceministro para América del Norte, Carlos Ron; el embajador de Surinam en Venezuela, Ruwan Gilian Adjaki; el analista internacional, Julio César Pineda; el internacionalista Luis Gallo; el obispo anglicano en Venezuela, Jylman Red Jurado, el cónsul honorario de la República del Líbano en Valencia, Farid Kallab, y representantes de las principales organizaciones partidistas del estado.

No obstante, el medio de comunicación La Tabla publicó una investigación sobre el prontuario de uno de los presentes. Se trata de Julio César Pineda, quien tiene vinculación con una entidad pro-israelí dirigida por un “profeta” de Puerto Rico (William Soto Santiago) que en Venezuela tuvo prohibido el ingreso al país desde el año 1976 por acusación de malversación de fondos, estafa, fraude y abuso de menores de edad; fue prófugo de la justicia.

El Esequibo, territorio venezolano, atraviesa una controversia como consecuencia de las pretensiones de potencias internacionales.

El Gobierno de Guyana actúa bajo mandato imperial para satisfacer los intereses de la transnacional petrolera estadounidense Exxon Mobil, que busca de manera permanente la confrontación con Venezuela.

Entretanto, el Gobierno de Venezuela se apega al Acuerdo de Ginebra de 1966. Instrumento jurídico firmado en Naciones Unidas por Venezuela y el Reino Unido –cuando Guyana aún era una colonia británica– el 17 de febrero de 1966.

Este acuerdo, tal como indica la vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela Delcy Rodríguez, debe regir la negociación para alcanzar un acuerdo práctico y satisfactorio para ambas partes, “dejando por fuera por completo toda judicialización posible sobre esta controversia».

 


 

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