José Ignacio Hernández fue señalado por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, de encabezar, junto a Juan Guaidó, uno de los robos más grandes de la historia de la nación.
Delcy Rodríguez | “Guaidó, en colusión con abogados de cuello blanco y en colusión con José Ignacio Hernández (el procurador de Guaidó), decicieron hacer un complot para quedarse con el oro de Venezuela (…) Ese oro pertenece al patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela, es inembargable, así está en nuestra Constitución”
¿Quién es José I. Hernández?
José Ignacio Hernández es el abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en el año 1997, que en marzo de 2019 fue designado ilegalmente como “procurador especial” por Juan Guaidó.
Tras cursar estudios de cuarto nivel en la Universidad Complutense de Madrid, se desempeñó como profesor titular de las universidades Católica Andrés Bello y Monteávila, hasta el autoexilio que lo llevó a radicarse en EE.UU.
En el ejercicio propio de su carrera, dio sus primeros pasos como abogado asistente en materia de derecho público en la Corte Primera de los Contencioso Administrativo. Para posteriormente, formar parte del bufete Grau, García Hernández & Mónaco; desde donde defendió a Empresas Polar cuando el gobierno probó que la compañía forjaba documentos para tramitar divisas preferenciales.
Vínculos con Voluntad Popular
El falso procurador, forma parte del equipo de Ricardo Hausmann en el centro para el desarrollo internacional en la escuela de gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard, espacio donde un grupo de “políticos y técnicos profesionales”, incluido Leopoldo López, diseñaban estrategias de presión política y financiera contra Venezuela.
Este abogado venezolano fungió como como testigo experto de la empresa Cristallex en el año (2017) ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Caso en el que pretenden transferir los activos de la refinadora de petróleo venezolana (CITGO) en Estados Unidos a la compañía canadiense Crystallex.
En febrero de 2019 fue nombrado “procurador especial” por el autoproclamado Juan Guaidó. Ejerció como juez y parte del conflicto; entorpeciendo la defensa oficial del Estado y colocando en riesgo el patrimonio de la nación en territorio estadounidense. Acción que llevó a la justicia venezolana a señalarle por los delitos de usurpación de funciones y traición a la patria.
Tropiezos y más tropiezos
En septiembre de 2019, un comité del CIADI, órgano responsable de arbitraje del Banco Mundial, rechazó al “procurador especial designado” por Guaidó, luego de que éste no pudiera demostrar que el autoproclamado tenía poder real que lo faculte a designar un funcionario para ejercer la representación de Venezuela en este organismo.
Así mismo, en enero de 2019 decidió poner “el cargo” a la orden, una vez que la Asamblea Nacional en desacato fustigara la solicitud de 20 millones de dólares para un “fondo de litigio”; para “el pago de honorarios profesionales y gastos legales asociados a la protección, recuperación y control de activos de Venezuela en el extranjero”.
Hasta la fecha, José Ignacio Hernández continúa ilegalmente frente a las acciones de robo y entrega de activos y fondos de venezolanos en el extranjero, incluido el oro retenido arbitrariamente por el Banco de Inglaterra.
Estas medidas de presión, que según los cálculos de la derecha les acercan a Miraflores, condenan a 30 millones de venezolanos, incluso en plena pandemia, a vivir con un bloqueo en el acceso a medicinas, alimentos e insumos básicos para la vida.
