Debate histórico: ¿Finalmente Argentina tendrá una Ley de aborto voluntario y legal?

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Este jueves comenzó en el Congreso Argentino el debate de aprobación o no de la ley de interrupción legal del embarazo (Ley de aborto voluntario y legal).

La norma es un proyecto polémico que no sólo divide a la sociedad, sino también al parlamento, en donde el panorama aún no está cerrado para una causa u otra.

El tema es tan sensible que casi todos quieren opinar, por lo que ya se sabe que se anotaron 170 diputados para exponer por qué están a favor o en contra.

El proyecto de interrupción legal del embarazo es una promesa de campaña de Alberto Fernández. La iniciativa se mencionó en el parlamento el pasado 1 de marzo pero la pandemia postergó la propuesta y el debate.

Diputados vs. Senado

De acuerdo a lo que mencionan medios locales, la norma pudiera ser aprobada en la cámara baja. Según hay 126 representantes a favor de la ley por 111 en contra.

Pero el match en diputados es apenas la primera mitad de un partido que tiene 2 tiempos; y es en el segundo en donde se resuelve si la ley de aborto es abortada o no.

Entre los senadores la primera impresión es que la ley, en una especie de metáfora casualmente cruel, parece destinada a morir en la sala de parto.

Según la prensa que sigue el pulso a este debate en el Congreso argentino, en la cámara alta son 33 los que aprobarían el proyecto; mientras que 35 no lo harán.

Cambios para que nazca la ley de aborto

Claro, hay que mencionar que la nueva propuesta de Fernández viene cambiada, ya que incluye algunos aspectos que han venido justificando la oposición de los detractores del aborto legal.

Esta norma estipula la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación y a partir de los 16 años. “Ese plazo sólo podrá ser mayor si el embarazo pone en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante, o si es resultado de una violación” indicaría la ley.

En otro apartado del proyecto establece que “toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios públicos y privados del sistema de salud en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento, con garantía de trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía, calidad y acceso a la información”.

Una de las novedades en esta propuesta renovada de Fernández ante el congreso es la de objeción de conciencia de los establecimientos de salud “que permite que todos los profesionales de la salud de un mismo centro aleguen creencias personales para negarse a practicar un aborto”.

 


 

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