Último informe contra Venezuela es la variante jurídica de la operación Gedeón

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Este 19 de septiembre, el canciller de la República, Jorge Arreaza presentó el informe en el que desmonta con argumentos el fracaso de la Operación Gedeón Jurídica contra Venezuela y presenta pruebas que contradicen las acusaciones virtuales hechas mediante el informe de la comisión «ad hoc» del Grupo Lima; considerado como un delito de lesa humanidad.

En una presentación magistral, el diplomático denunció que, en la resolución presentada por el Grupo de Lima, se agrede a una nación soberana que ha demostrado defender los derechos humanos del pueblo. Indicó que para atentar contra Venezuela los supuestos defensores han sido financiados con cinco millones de dólares.

En el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU se aprueban resoluciones que tienen mandatos y acciones como estas «dañan el desprestigió de las Naciones Unidas», dijo que Venezuela aspira renovar este año la resolución y aseguró que avanzan los acuerdos en base a la renovación con la alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachalet.

Recalcó que hay un equipo de Bachelet, en Venezuela, que sostuvo reunión con el fiscal general, representantes del Ejecutivo venezolano, del Poder Judicial; para verificar si hay o no, violaciones de los derechos humanos. Ejemplo de ello, mencionó los actos terroristas en las denominadas guarimbas, en la que se violaron los derechos humanos de la población.

Ataques permanentes desde 2015 

En ese sentido, dijo que el año pasado surgió una resolución por el Grupo de Lima que no está sustentada. Arreaza señaló que 19 países, de 193, aprobaron la resolución virtual, ilegal, inconstitucional y sin experticia.

Afirmó que la misión tendría la responsabilidad de aprobar el informe con mentiras infundadas, con financiamiento que «ronda los 5 millones de dólares; en un cuerpo que dicen estar en una mala situación económica (…) Se supone que ese comité de expertos trabaja de manera independiente, en los principios y en coordinación con los países miembros, porque Venezuela es país miembro y Nicolás Maduro dirige esa membrecía».

Calificó de incoherente y falso el informe y  dijo que Venezuela está trabajando con una resolución coherente enmarcada en el derecho internacional, a través de la oficina de la alta comisionada.

«No trabajamos con una resolución tendenciosa. Están haciendo política con los derechos humanos y no están haciendo política para los derechos humanos«, agregó el canciller de la nación suramericana.

También recordó que Venezuela alzó su voz para rechazar el ataque a la legitimidad de sus instituciones gubernamentales; comentó que se hizo justamente en el tiempo que se desarrollaron hechos que atentan contra los derechos humanos en países como Ecuador, Chile y Colombia, países en donde se violaron los derechos humanos de sus ciudadanos en 2019, afirmó. También expresó «un grupo de países pretenden sin ninguna moral y autoridad venir a calificar a Venezuela».

Intolerancia 

El canciller de Venezuela, dijo tajantemente que expertos en la materia de derechos humanos  han recalcado que este informe en contra del gobierno de Maduro, es una reedición del trabajo promovido por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, quien ha sido «el responsable de la destrucción de la institución internacional» y a la que ya Venezuela no pertenece, afirmó. 

Dijo que en abril de 2017, Venezuela decidió salir de la OEA, «en sus recomendaciones hay que hacer lo que dice la CIDH. Venezuela no pertenece. Expertos entérense».

El informe «es una reedición del Luis Almagro del 2018, del señor ese, sicario de la OEA, que emprendió la destrucción de esa institución a partir de acciones como la agresión no justificada ni en la carta de Naciones Unidas ni en la carta de la OEA contra Estados miembros como Venezuela que tienen políticas soberanas», al mismo tiempo calificó como política de intolerancia la de Almagro.

Agregó que con la misma metodología, a distancia, con llamadas telefónicas y contratando empresas privadas en Panamá, para llamar a Venezuela y hacerle un informe; agregó que se quiere imponer la decisión de un grupo de países minoritarios que buscan «ocultar las graves crisis que han conmovido la opinión pública mundial».

«El señor subpresidente de Colombia, en rueda de prensa de Iván Duque con Mike Pompeo, acaba de decir que ese informe hay que avalarlo y hay que llevar a Venezuela a la Corte Penal; porque esos expertos demostraron en el terreno que hay violaciones a los derechos humanos. Señor Duque, esos señores no han pisado suelo venezolano, ni lo pisarán, además. Así que es irresponsable y absolutamente mentiroso lo que usted ha dicho».

Garantía de DD.HH a dirigentes encarcelados

Asimismo, mostró imágenes que confirman el respeto a los derechos humanos, de encarcelados en el marco de ley; de dirigentes que promovieron hechos desestabilizadores en Venezuela como Leopoldo López y Juan Requesens.

Durante su intervención, mostró videos y fotografías del estado de salud de ambos y de declaraciones del propio dirigente Requesens; donde confirma el buen trato y muestra los beneficios que recibió durante su estadía antes de ser puesto en libertad.

Operación Gedeón y las implicaciones

Otro de los puntos abordados en esta denuncia, fue la promoción de eventos desestabilizadores como la Operación Gedeón, promovida internacionalmente «para atacar a Venezuela con los mercenarios que vinieron en abril, y querían matar Maduro, Cabello y al ministro de Interior, Justicia y Paz para lograr la muerte moral. Que no la van a lograr. Fíjese cómo encaja, lo hacen en medio de una gira».

Dijo que este informe es la variante jurídica internacional de la llamada Operación Gedeón contra Venezuela. En medio de la explicación, calificó como insólito e irresponsable el informe. Arreaza dijo «es un fraude ese informe. Es un monumento a la propaganda de guerra».

En compañía del fiscal general Tarek William Saab, este sábado denunció que ha fracasado la «Operación Gedeón mercenaria jurídica», porque han presentado falsos argumentos sin verificación alguna.

«Han dado opinión, han caído en posición adelantada totalmente, han emitido ustedes opiniones sin revisar el documento, con la cantidad de mentiras. Es una irresponsabilidad eso que han hecho (…) ¿Quiénes conforman esta comisión? Tres expertos pagados con los 5 millones dólares», puntualizó.

Injerencia

En ese sentido, se refirió a Francisco Cox, uno de los promotores del informe, a quien catalogó como defensor de los agentes de la dictadura de Pinochet, en Chile. «Ese señor que defiende a los dictadores, es quien integra esta misión de establecimiento de hechos», agregó.

El representante diplomático del Gobierno Bolivariano, calificó de doble moral las posiciones asumidas por los promotores del informe.

«Es la doble moral, doble racero, doble estándar, que exculpa a Sebastián Piñera, quien dijo que estábamos en guerra contra los protestantes, contra la población. A diferencia de Maduro que lo ha resuelto por la vía del dialogo, medidas procesales de beneficio, investigando si se cometieron excesos policiales, si efectivos hirieron o mataron a alguien», mencionó Arreaza.

Diálogo amplio 

Al destacar que el gobierno de Maduro ha demostrado promover el diálogo y la paz en la región, dijo que este informe «pretende torpedear el diálogo que se ha instalado en Venezuela», ejemplo de ello, mencionó los recientes indultos presidenciales a 110 personas que habían cometido delitos de orden constitucional.

Dijo que Maduro tuvo la generosidad de indultar a estas personas y, tras sus decisiones, factores externos han tratado de «torpedear, bombardear y dinamitar el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet».

ONU reconoce a Maduro

Asimismo, al abordar todos los elementos que contradicen el informe del Grupo de Lima, Arreaza dijo que aún no comprende como pretenden respaldar un supuesto gobierno interino ficticio, si la Organización de las Naciones Unidas reconocen a Nicolás Maduro como presidente.

«Hay que ser coherentes con lo que se hace», expresó al señalar que hay muchas omisiones en el informe, que «se toman con pinza, contra las autoridades venezolanas». Denunció que estas operaciones van dirigidas específicamente al mandatario venezolano.

Como muestra de ello, mencionó casos puntuales en los que actuó las autoridades del Estado venezolano, entre los que destacan el caso de Oscar Pérez, funcionario que «robó un helicóptero, atacó con granada un preescolar, el TSJ, amordazó a la gente y con el armamento prometió matar al presidente Maduro».

Al justificar con hechos, dijo que le resulta increíble las razones y motivos expuestos en un informe como el del Grupo de Lima. «¿Hay razones para considerar que se han cometido delitos de derechos humanos?, no hablaron con las autoridades, victimas, el pueblo».

Asimismo, muestra otros casos como el que vive la población con las colas de gasolina, el bloqueo de medicamentos; a los que calificó de ataque sistemático generalizado. «Lo sufrimos todos los venezolanos es delito de lesa humanidad sistemático y generalizado». 

A modo ilustrativo, Arreaza dijo que el informe señala 95 actos de tortura, «que es lo que realmente ocurre en Colombia en una semana, o con el trato de inmigrantes desde México».

Entre otros elementos dijo que ese informe, es calificado como una Operación Gedeón Jurídica que ha fracasado y que registra hechos irreales desde 2014 hasta 2020; sin documentos en mano. «Esto es pirata, un fraude procesal y absoluto», apuntó.

 

 

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