Magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) repudiaron el reciente informe parcializado que presentaron gobiernos del denominado Grupo de Lima, que contempla acusaciones contra Venezuela, en materia de derechos humanos.
Mediante un comunicado, el presidente de la máxima instancia judicial, Maikel Moreno, denunció que el objetivo del reporte es cuestionar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro y las instituciones del Estado venezolano.
“Expresamos nuestro más contundente rechazo al informe publicado el 16 de septiembre de 2020; elaborado por una comisión paralela e impulsada por el por el hostil y minoritario autodenominado Grupo de Lima”, reza el comunicado oficial.
Más adelante, expresa que “ese informe se apoyó en una írrita resolución que vulnera los principios del derecho internacional expresados en el respeto a la soberanía, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos y la integridad territorial”.
Además, afirmó el magistrado Maikel Moreno que la declaración del Grupo de Lima atenta contra diálogo genuino y la cooperación; como pilares fundamentales del multilateralismo.
Manipulación contra Venezuela
Enfatizó el presidente del TSJ que “la elaboración del informe se llevó a cabo de manera unilateral y parcializada; evidenciándose con una franca manipulación y el uso indebido del sistema internacional de derechos humanos”.
Por otra parte, agregó que el mencionado informe pretende aniquilar la verdadera imagen sobre las garantías a los derechos humanos, que impulsa por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
“Además, se pretende subrogar los protocolos acordados con la Alta Comisionada de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos, en temas tan sensibles; convirtiéndose esta supuesta misión independiente, en un nuevo mecanismo de agresión”, añadió Moreno.
Sobre la validez del informe parcializado, el presidente del TSJ aseveró que el documento carece de protocolos para la verificación; ya que no se realizó en el territorio venezolano.
Resaltó que la alta comisionada, Michelle Bachelet, mantiene una agenda de trabajo en Venezuela; en coordinación con los poderes públicos del Estado y de manera coherente con acceso a centros de detención, personas y lugares requeridos.
Respeto a los derechos humanos
El magistrado Maikel Moreno lamentó que prácticas como las que impulsa el Grupo de Lima, “sirvan de instrumento para tratar de entorpecer y destruir los procesos de diálogo establecidos entre el Gobierno Nacional y la oposición”.
En tal sentido señaló que el Tribunal Supremo de Justicia «seguirá siendo garante de la estabilidad política y de la paz”.
También ratificó el compromiso de la institución con el ejercicio efectivo se los derechos humanos; como práctica indispensable para la consolidación de los objetivos consagrados en la Carta Magna.
