La decisión está en las manos de los jueces Kim Lewison, Stephen Males y Stephen Phillips del Tribunal de Apelaciones inglés. Estos magistrados tienen la oportunidad de enderezar el entuerto cometido con el oro venezolano. Y devolverlo a su legítimo dueño: la República Bolivariana de Venezuela y su gobierno constitucional, encabezado por el presidente Nicolás Maduro.
Como se conoció en la prensa internacional, los jueces de la mencionada corte británica analizan cuál será su posible decisión. Esto luego de haber escuchado los alegatos de las partes en querella.
Apelación inmediata
Las autoridades venezolanas, por intermedio de la legítima directiva del Banco Central de Venezuela, a cargo de Calixto Ortega Sánchez, apelaron inmediatamente el polémico fallo de la División Comercial y de la Propiedad del Tribunal Superior inglés. Según la sentencia de esta instancia jurídica, a cargo del magistrado, Nigel Teare, hecha pública el pasado 2 de julio, sólo el supuesto gobierno interino de Juan Guaidó podía disponer de ese recurso perteneciente a las reservas internacionales de la República.
El fallo tan absurdo como ilegal, se enmarca dentro de la estrategia de bloqueo total impuesta por Estados Unidos para asfixiar la economía venezolana. Para ello han utilizado todos los medios de presión disponibles.
La Segunda Guerra Mundial supuso el fin del poderío británico. Tras ese gran evento a la nación inglesa no le ha quedado otro remedio que jugar en el tablero internacional como una pieza subordinada. Así los bretones se han plegado a los designios del gran hegemón norteamericano.
Fortuna negociada
Según el fallo del juez Teare sería la junta «ad hoc» del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Guaidó, la que puede acceder a los 31 lingotes de oro venezolano. Este recurso está valorado en cerca de 1.300 millones de dólares. Por cierto, la directiva del interinato para el Instituto emisor, estaba presidida inicialmente por Ricardo Villasmil, quien recientemente abandonó el gabinete del presidente imaginario.
Este caso ha generado polémica, sobre todo, porque posteriormente también se conoció que la supuesta embajadora de Guaidó en Gran Bretaña, Vanessa Newmann, estaría negociando el oro venezolano para financiar una red privada de prestamistas en EE.UU.