La periodista de oposición, Patricia Poleo, a través de su programa transmitido desde Miami, presentó este lunes 14 de septiembre documentos y testimonios que evidencian la participación de socios de Juan Guaidó en delitos de extorsión multimillonarios, en territorio estadounidense.
Poleo señaló que, mediante cuestionarios y reuniones personales, conoció los detalles y recibió los soportes por parte de los directores del consorcio CR Consortium, al cual los voceros de Guaidó le exigieron el pago de más de 750 mil dólares para otorgarles un contrato destinado a la supuesta recuperación de activos venezolanos.
En diciembre de 2019, enviados de Javier Troconis (Comisionado Presidencial de Guiaidó para la gestión y recuperación de activos) presentaron, de puño y letra en una hoja de papel bond; las condiciones de negociación a los empresarios.
Además de la comisión antes mencionada, los socios de Guaidó pedían que, del 18% de los honorarios del consorcio por el trabajo a realizar, se les cancelara a ellos el 50%.
El trámite consistía en ejecutar maniobras para apoderarse de propiedades del Estado venezolano que se encuentran en 19 países de Petrocaribe y entregarlos al supuesto gobierno interino de Guaidó.
Relató Poleo que el consorcio entregó a la gente de Guaidó una propuesta para la supuesta recuperación de los activos de PDVSA en el Caribe; por parte del autoproclamado “gobierno interino” de Venezuela.
Dicho contrato nunca se firmó, ya que los representantes del consorcio CR Consortium, Jorge Reyes y Pedro Antar; no accedieron al pago de sobornos exigidos por los voceros de Juan Guaidó.
¿Qué hay de la justicia estadounidense
De acuerdo a lo que narra Poleo, “la respuesta del consorcio a la extorsión del papel bond fue enviarle el 30 de diciembre a Javier Troconis (comisionado petrolero de Guaidó) vía email ([email protected]) el texto de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero, FCPA por su sigla en inglés”.
Dicha normativa prohíbe en Estados Unidos a empresas y a estadounidenses pagar sobornos a funcionarios extranjeros para promover acuerdos comerciales. La FCPA se aplica a conductas prohibidas en cualquier parte del mundo y se extiende a las empresas estadounidenses que cotizan en la bolsa; reza el texto enviado por el director del consorcio, Pedro Antar.
Presuntos implicados
Entre los nombres divulgados por Patricia Poleo, relacionados con las gestiones adelantadas por la Asamblea Nacional, bajo la gestión de Juan Guaidó, destacan: Marco Aurelio Quiñones, Luis Florido y Freddy Superlano, de Voluntad Popular. También, Jorge Millán, de Primero Justicia, Sergio Vergara, Luis Moreno y Luis Carlos Padilla, de Acción Democrática, Elías Mata y Enrique Márquez, de un Nuevo Tiempo (partido de Manuel Rosales).
Por otro lado, figuran “funcionarios” como José Ignacio Hernández, procurador de Guaidó; Luis Augusto Pacheco y Yon Goicochea, encargados del área petrolera; Carlos Prosperi, Magin Blasi Blanchard y Fernando Blassi Blanchart; encargado de negocios y mano derecha de Carlos Vecchio en Washington.
Los empresarios expresaron al “gobierno interino” que la intención era “recuperar” activos por un monto de 40 millones de dólares en el primer año; y una cifra global de más de 2 mil millones pertenecientes a Venezuela en Petrocaribe.
Según Patricia Poleo, los directivos del consorcio informaron que tanto el gobernador del estado de Florida, Rick Scott como el senador Marco Rubio; están en pleno conocimiento de la propuesta que les hicieron los socios de Guaidó.
“Vamos a actuar también como ciudadanos y vamos a exigir, aquí en estados Unidos; que se investigue los crímenes federales cometidos por esos funcionarios en este país”, señaló Patricia Poleo.
A raíz de las denuncias formuladas por la comunicadora oposicionista radicada en Miami, usuarios de redes sociales difundieron numerosos menciones y opiniones que posicionaron la etiqueta #GuaidóImplicado; en los primeros lugares entre las tendencias de temas más comentados en Venezuela.
