El juez de la corte federal en Delaware, EE.UU. Leonard P. Stark ordenó este miércoles programar para el próximo 17 de septiembre una audiencia sobre la posible venta ilegal de los activos de CITGO, refinería filial de PDVSA en suelo estadounidense.
El secretario político de Avanzada Progresista Jorge Rodríguez Moreno, informó de último minuto este miércoles 5 de agosto que “el juez Stark ordena para el 17 de septiembre audiencia de Crystallex y PDVSA sobre posibles mecanismos de venta de las acciones de CITGO. Se nos agotan el tiempo y las posibilidades”; escribió en su Twitter.
Rodríguez, fue quien presentó un documento en el que solicitó que se ordenara a representantes de Juan Guaidó; que mostraran sus relaciones con Crystallex International Corp y otras empresas que buscan la liquidación de CITGO para hacerse de los activos.
CITGO ULTIMO MINUTO: El juez Stark ordena para el 17 de septiembre audiencia de Crystallex y PDVSA sobre posibles mecanismos de venta de las acciones de CITGO. Se nos agotan el tiempo y las posibilidades. Desde @AvanzadaProgre convocamos @DipRonderos@jorgemillant @EliasMattaW pic.twitter.com/lof8F7Rcfg
— Jorge Alejandro Rodriguez Moreno (@madrugonazo) August 5, 2020
CITGO ULTIMO MINUTO: El juez Stark ordena para el 17 de septiembre audiencia de Crystallex y PDVSA sobre posibles mecanismos de venta de las acciones de CITGO. Se nos agotan el tiempo y las posibilidades. Desde @AvanzadaProgre convocamos @DipRonderos@jorgemillant @EliasMattaW pic.twitter.com/lof8F7Rcfg
— Jorge Alejandro Rodriguez Moreno (@madrugonazo) August 5, 2020
Estimado @jorgemillant . El juez fijó audiencia para acordar el eventual remate de las acciones de CITGO el 17SEPT. Es hora que denuncien el fraude cometido contra Venezuela por el exprocurador. Se acaba el tiempo. Desde @avanzadaprogre @HenriFalconLara cumplimos. Faltan ustedes https://t.co/1cMmZotUOx
— Jorge Alejandro Rodriguez Moreno (@madrugonazo) August 6, 2020
Jugada sucia
El gobierno estadounidense, por medio del Departamento de Justicia y del “enviado especial de EE.UU. para Venezuela”, Elliott Abrams, quien tiene un amplio prontuario criminal; intervino en julio argumentando que la eventual venta de la refinería; sería dañina para la política exterior estadounidense y la oposición venezolana. Estos vienen elevando sus políticas criminales de presión contra la nación venezolana; y ahora reclaman por lo que ellos mismos promovieron.
El grupo de Juan Guaidó ha dicho que para poder autorizar la venta de CITGO se necesita una licencia de la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Tesoro estadounidense.
En la audiencia del 17 de septiembre, ordenada por el juez Stark, Crystallex, el gobierno de Estados Unidos y ConocoPhillips; otro acreedor que intervino en el caso y también busca satisfacer su deuda con la venta de CITGO. Lo que significaría un duro golpe a la nación venezolana.
¿Qué dice la República?
Es importante destacar que la República Bolivariana de Venezuela jamás se ha negado al pago de la acreencia de la que se habla y había avanzado en convenios con la empresa canadiense, hasta que la acción ilegal de las medidas coercitivas unilaterales frenaron de manera intempestiva las negociaciones.
Venezuela ha argumentado de manera reiterada que CITGO debe ser inmune a las deudas de la República, debido a que son dos entidades separadas. Pero los tribunales estadounidenses no están de acuerdo, dictaminando que PDVSA y PDV Holding (matriz de Citgo con sede en Estados Unidos), no mostraron una separación adecuada del gobierno venezolano.
“Es una corporación criminal que está dirigida a socavar los intereses de Venezuela para apoderarse de los activos financieros de nuestro país, de nuestras empresas en el extranjero”, denunció la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez el pasado 18 de junio; refiriéndose a la la asociación de Juan Guaidó, el procurador fake -que luego renunció- José Ignacio Hernández y otros políticos opositores.
De fallar a favor de Crystallex International Corp, esta empresa canadiense recaudaría 1.4 mil millones de dólares de lo presuntamente perdido tras el proceso de nacionalización en Venezuela, que se dio en 2011 por el Gobierno venezolano tras el incumplimiento de una serie de medidas ambientales.
