Minas antipersonales: una tradición criminal de la guerra interna de Colombia

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El combate de la FANB contra grupos del narcoterrorismo colombiano le ha costado la vida a 8 oficiales, y al menos 2 de estos fallecieron al detonar minas antipersonales sembradas por los irregulares.

Esta práctica criminal habitual en Colombia es una rutina ajena a Venezuela y una práctica ilegalizada por el derecho internacional.

Estas estructuras armadas con fachadas de “disidencia de las FARC” sembraron varios de estos artefactos en territorio venezolano durante su repliegue. En la localidad de El Ripial habrían instalado su base para la fabricación de estos artefactos.

Diosdado Cabello, durante la emisión de este miércoles de Con el Mazo Dando, leyó un mensaje de la periodista Mary Pili Hernández, quien sobre el tema de las minas antipersonales le recordó que esta estrategia estaba contemplada en el acuerdo con el que Guaidó contrató la “Operación Gedeón” con la empresa contratista de seguridad de Jordan Goudreau llamada SilverCorp.

Mary Pili Hernández escribió a Diosdado: “Recuerda que en el contrato que firmó Guaidó con SilverCorp; uno de los anexos autorizaba a los mercenarios a colocar minas antipersonales en Venezuela”.

Adicionalmente menciona que esta operación fue pactada en septiembre del 2019 y que EE.UU. debía estar al tanto de esto ya que “SilverCorp tenía que tener la autorización del Departamento de Estado para firmar según las leyes gringas” un acuerdo como este que contempla, entre otras cosas, la colocación de minas.

Minados de malas intenciones

Este punto polémico del contrato que parece materializarse casi un año después a través de otros intermediarios, lo reveló el entonces Ministro de Comunicación Jorge Rodríguez en rueda de prensa el pasado 12 de mayo, es decir, 9 días después de desmantelada la invasión mercenaria.

Esa vez dijo: “Aunque suena completamente psicótico, aunque suena completamente delirante que una persona que se haya abrogado en una plaza pública la condición de presidente autoproclamado de Venezuela, pero encierra tal intencionalidad criminal que incluye el cobro de dinero por cada vida que se cobraran estos mercenarios, que incluye el robo de los activos de la República, que incluye la colocación de minas personales, la aplicación de tortura a venezolanas y venezolanos, la eliminación del Presidente de la República”.

En el contrato firmado por Guaidó con Jordan Goudreau se contempla la eliminación del “liderazgo militar del antiguo régimen”; así como de civiles que definen como “Elementos no militares del mando y control del régimen anterior”.

Para neutralizar a éstos, contemplan “el uso de todos los tipos de armas convencionales” como “minas desactivadas o detonadas por el comando”.

Un arma al margen de la ley

La mención de las minas en el acuerdo no es casual sino una operación deliberada que se puede leer hasta 12 veces en el documento.

Entre los tipos de explosivos autorizados para su utilización destaca el modelo actualizado del M18 Claymore; un arma de fabricación estadounidense y utilizada por primera vez durante la guerra de Vietnam.

Estos artefactos son ilegales de acuerdo al derecho internacional. La ONU menciona que están prohibidas de acuerdo con “la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción”.

Para resolver este problema inédito en Venezuela, la cancillería solicitó ayuda a las Naciones Unidas y sus expertos. De acuerdo a la convención sobre minas antipersonales, el organismo multilateral exige a los países que las eliminen de su territorio; y al mismo tiempo requiere a los Estados en condición de hacerlo para que ayuden a los países afectados”.

 

 


 

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