En medio de una lluvia de críticas y comentarios en redes sociales, la prófuga de la justicia venezolana, Luisa Ortega Díaz inició el año con la publicación en plataformas digitales; de lo que definió como «el cese» de sus funciones como Fiscal General de Venezuela, al servicio de Juan Guaidó.
Sin embargo, ese cargo ya no lo ejercía desde 2017, tras ser destituida por incurrir en faltas graves. Hasta ahora, la funcionaria formaba parte de los autoproclamados «jefes» de poderes públicos que apoyan al exdiputado Guaidó en el supuesto gobierno interino que asegura presidir.
En ese sentido, Ortega difundió un comunicado personal, en cuyo contenido recurrió al discurso de la persecución política y aseguró que durante más de 4 años estuvo «obligada» a ejercer funciones desde el exilio.
«A partir de ahora inicio una nueva etapa enfocada especialmente en actividades destinadas al restablecimiento del orden constitucional y el Estado de Derecho en Venezuela». Así lo señaló la exfiscal para ratificar su intención de seguir conspirando contra el Gobierno Bolivariano.
#Comunicado Informo que mis funciones como Fiscal General de #Venezuela cesaron constitucionalmente este 31 de diciembre de 2021. Inicio una nueva etapa enfocada en el restablecimiento del orden constitucional y el Estado de Derecho de mi país #1Ene pic.twitter.com/UnQee7XYeV
— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) January 1, 2022
Prontuario de Luisa
Al conocer la medida de destitución por parte de la ANC en Venezuela, bajo cargos de traición a la Patria; Luisa Ortega se escapó vía Aruba rumbo a Colombia. En ese país permaneció protegida por casi 2 años, gracias al gobierno de Iván Duque.
Sin embargo, en 2019 autoridades colombianas emitieron citaciones a la exfuncionaria por supuestos delitos en territorio neogranadino; al incurrir en casos de corrupción con la aceptación de sobornos por parte de empresarios, en relación a contratos multimillonarios con la estatal petrolera venezolana.
Por otro lado, con la justicia nacional también está en deuda por usurpación de funciones, uso de documento público falso y falsa denuncia, entre otras acusaciones. En territorio español mantiene su solicitud de asilo político, desde octubre pasado, para lo cual recibió la asesoría de su abogado, Ismael Oliver.
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