Una investigación de la agencia de noticias The Associated Press (AP), determinó que la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz está implicada en una nueva trama de corrupción. Antes, la fiscalía de Miami habría presentado una acusación en su contra.
Carlos Urbano Fermín, señalado y acusado, es un empresario venezolano que se declaró culpable. Admitió haber pagado alrededor de 1 millón de dólares en sobornos a un «fiscal de alto rango» en Venezuela como «seguro». Con la finalidad de evitar o detener cualquier investigación sobre su extensa lista de contratos fraudulentos de construcción con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Dos personas familiarizadas con el caso, dijeron a AP que el funcionario venezolano no identificado se trata de Luisa Ortega.
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En su declaración de culpabilidad, Fermín dijo que entre 2012 y 2016 sus empresas obtuvieron numerosos contratos importantes de 3 empresas conjuntas de Pdvsa. Todo con compañías petroleras extranjeras, entre ellas China National Petroleum Company; Rosneft de Rusia y Total de Francia. SA.
Durante la gestión de Luisa Ortega Díaz como máxima autoridad del Ministerio Público, no hubo ninguna investigación sobre las irregularidades que involucraban a las empresas de Fermín. No fue hasta 2017, cuando Tarek William Saab, actual fiscal general, acusó a Fermín y sus dos hermanos, arrestando a uno.
En el año 2019, Fanny Ardila Guerra, Fiscal Local 63 de Bogotá, Colombia, país a donde huyó Ortega Díaz, emitió tres citaciones contra la exfuncionaria; para que declarase ante una investigación en su contra por presuntos delitos de corrupción y recibir sobornos del empresario, Carlos Fermín.
Emiten orden de captura en #Colombia contra la ex fiscal venezolana Luisa Ortega por negarse a comparecer ante la justicia colombiana. La orden fue emitida por la fiscalía 63 de Bogotá. #politicaypoder pic.twitter.com/2Nr6jvs6US
— Revista Política y Poder (@revista_pyp) October 5, 2020
La fiscal Ardila Guerra intentó anteriormente lanzar una orden de captura en contra de la exfuncionaria venezolana ya que la misma no asistió a ninguna de las 3 citaciones, además de estar presuntamente vinculada a la comisión de varios delitos en territorio colombiano.
En esa ocasión, el presidente colombiano, Iván Duque, impidió que el proceso judicial continuara, mediante una llamada telefónica a la Fiscalía Local 63 de Bogotá utilizó sus influencia. Indicaron a los medios fuentes de la Casa de Justicia Mártires.
