En rueda de prensa conjunta, Ministerio Público y Cancillería de Venezuela aportaron datos relevantes cobre las garantías de derechos humanos que se establecen en el país de forma constitucional. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, expresó que su despacho ha procesado a 927 personas por delitos de lesa humanidad y violación de DD.HH.
Saab hizo una explicación detallada de todas las acciones judiciales emprendidas para “impedir que haya impunidad en delitos graves contra los derechos humanos”.
Estos números refutan el informe de la Misión Independiente de observación de hechos en Venezuela. A juicio de Saab es “una burla para los activistas de derechos humanos”.
“Desde 2017 cuando fui designado por la Asamblea Nacional Constituyente se han procesado a 927 personas por crímenes contra los derechos humanos, de las cuales 505 son funcionarios del CICPC y Policía Nacional Bolivariana”, refirió el fiscal.
#EnVideo ? | Fiscal General, @TarekWiliamSaab: En este periodo han sido acusados un total de 804 funcionarios y 123 civiles, lo que hace un total de 927 acusados a través de la presentación de 375 acusaciones interpuestas por los fiscales especializados en la materia pic.twitter.com/LrDlymtni5
— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) September 19, 2020
Sin impunidad
El titular del Ministerio Público recordó casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos e informó sobre el castigo a los responsables.
“Recientemente hemos investigado a 596 personas por delitos graves y se han sentenciado de manera firme a 140”.
Así mismo evidenció que el Estado venezolano siempre ha trabajado por las garantías y el respeto al derecho a la vida ante cualquier violación.
“Venezuela tiene garantías de derechos humanos establecidas en su Constitución un sistema de leyes que protegen a la población de cualquier abuso. Hay un Estado de derecho que es garante de todos los derechos y castiga a los que atentan contra ellos”.
#EnVideo ?| @TarekWiliamSaab: Desde que asumimos el MP en agosto de 2017, hemos rendido cuenta públicamente de todas nuestras acciones, eso incluye acciones institucionales para esclarecer casos que implican violaciones a DD.HH. realizados por funcionarios policiales o militares pic.twitter.com/XgCTljJjMS
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Mentiras pagadas
Un total de 5 millones de dólares cobraron quienes realizaron el referido informe, según explicó el fiscal.
Del mismo modo, Saab condenó que los redactores del informe no hayan venido al país sino que “a distancia, por telepatía, sin entrevistas con los familiares y las víctimas, sin hacer investigación emitieron un informe sesgado, cargado de mentiras que desprestigian a la ONU”.
