Informar definitivamente no es delito. El problema surge cuando el afán de ser tendencia le gana a la ética y aparece la difamación como “recurso periodístico”, y eso sí es un delito que se paga caro. Ejemplos de esto sobran. En redes y medios.
El Nacional: este diario venezolano puede dar fe de las consecuencias de incurrir en difamación e injuria, luego de sufrir un embargo tras no pagar la indemnización de US$ 1 millón por la demanda victoriosa del diputado Diosdado Cabello quien fue acusado sin pruebas de tener vínculos con el narcotráfico.
The Daily Telegraph: El diario australiano también pagó un alto precio por publicar una serie de artículos sensacionalistas que acusaban falsamente al actor Geoffrey Rush de acosar sexualmente a una compañera de trabajo, acción que le costó US$1,9 millones.
CNN: Este gigante difundió información falsa sobre un enfrentamiento entre adolescentes de un colegio católico y una agrupación de indígenas, donde señalaban al joven de 16 años, Nicholas Sandmann, como principal agitador. Acción por la que tuvieron que llegar a un acuerdo al no poder cancelar el total de US$275 millones establecidos en la demanda.
Venezuela: Redes que enredan y mal ejemplo
En Venezuela llegada de la era digital y el confinamiento por la covid-19 ha posicionado las redes sociales como los canales ideales para la difusión de opiniones e información, y es precisamente ese repunte el que exige la consolidación de mecanismos para la regulación de su funcionamiento y la protección de los derechos de los usuarios.
La batalla por los “like” se acrecienta en un terreno en el que todo se vale y es deber de todos defender la verdad.
Fernando Buen Abad: Conquistar la verdad es un trabajo… Es una lucha. La verdad no es una moneda que pueda darse y recibirse, sin más, en el mercado de la información. No nos cuenten que la verdad es “incognoscible”, o subjetiva, porque el estado actual del conocimiento esté limitado, mientras fabrican escondites, o mentiras retorcidas, para dificultar el camino del saber.
Por ello, vale la pena revisar, entre muchas otras, la reciente publicación del portal digital “La Tabla” quienes realizan importantes trabajos de investigación y desmontaje, pero que últimamente ha realizado señalamiento a instituciones y servidores públicos sin presentar pruebas, guiándose exclusivamente por una denuncias de usuarios, restando seriedad a su trabajo periodístico.
Es así como el presidente del Instituto Nacional de Tierras, David Hernández, fue sentado en el banquillo, sin una sola prueba, con acusaciones gravísimas de vínculos con mafias de terratenientes, violencia de género y corrupción. Hecho que enciende las alarmas de quienes combaten la mentira, la desinformación y la falta de rigurosidad a la hora de ejercer el periodismo, lo cual además de ser éticamente incorrecto, está estipulado como un delito en los instrumentos jurídicos venezolanos.
Código Penal Venezolano
En su artículo 442 el Código Penal Venezolano establece:
“Quien comunicándose con varias personas, reunidas o separadas, hubiere imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público, u ofensivo a su honor o reputación, será castigado con prisión de un año a tres años y multa de cien unidades tributarias (100 U.T.) a un mil unidades tributarias (1.000 U.T.)”. G. O. E. N° 5.768 del 13-4-2005.
En este sentido, sería válida cualquier actuación penal por parte de los afectados, pero más allá de eso, es importante plantarse y reflexionar contra estas prácticas que gracias a su naturalización pueden pasar desapercibidas. No podemos permitir convertirnos en lo que criticamos.
