Tal vez ningún término usado recurrentemente en el espacio público fue ultrajado de tal manera que no solo fue vaciado de contenido sino que perdió todo sentido para remitir a la realidad. Hoy se quiere confundir democracia con el derecho a votar, uno de los pocos derechos que les queda a los de abajo, para creer que participan en una elección, a sabiendas que su condición no cambiará radicalmente.
La voz democracia se usa indistintamente en los debates teóricos y políticos, pero premeditadamente se omite su carácter ilusorio y la falta de asideros históricos y empíricos para privilegiar, ante todo, una perspectiva de deber ser, de aspiración, que difícilmente se consuma.
En tanto ideología, la noción de democracia se emplea como un instrumento de legitimación de las estructuras de poder, dominación y riqueza. Más cuando desde 1968 el capitalismo fue cuestionado a fondo por las clases medias ante las promesas incumplidas luego de 200 años de prácticas y experiencias derivadas de su proceso civilizatorio, señala el mexicano Isaac Enríquez Pérez, en El carácter fetichista de la ideología de la democracia.
Mark Malloch-Brown, presidente de Open Society Foundations y exsecretrario adjunto de Naciones Unidas, señala que los reportes sobre la muerte de la democracia son muy exagerados, pero si no demuestra que puede dar mejores resultados concretos se arriesga a perder a los jóvenes. “Enfrentar la creciente desilusión con el gobierno democrático y algunos de sus principios fundamentales entre los más jóvenes implica restaurar la confianza en que el sistema puede generar calles más seguras, más vivienda, mejor educación y servicios de salud; alimentos y energías a precios más accesibles», afirma Malloch.
El intelectual francés Alain Touraine señala que hoy es más frecuente definir la democracia en función de aquello de lo cual libera la arbitrariedad, el culto de la personalidad o el reinado de la nomenklatura que teniendo en cuenta lo que construye o las fuerzas sociales en las que se apoya.
El escritor uruguayo Eduardo Galeano sostenía que “La democracia es un lujo del norte. Al sur se le permite el espectáculo, que eso no se le niega a nadie. Y a nadie molesta mucho, al fin y al cabo, que la política sea democrática, siempre y cuando la economía no lo sea. Cuando cae el telón, una vez depositados los votos en las urnas, la realidad impone la ley del más fuerte, que es la ley del dinero”.
“Así lo quiere el orden natural de las cosas. En el sur del mundo, enseña el sistema, la violencia y el hambre no pertenecen a la historia, sino a la naturaleza, y la justicia y la libertad han sido condenadas a odiarse entre sí”, añadía.
«Con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura», señaló en su discurso de asunción en 1983, Raúl Alfonsín, el primer presidente democrático luego de la última dictadura militar argentina. La altísima desocupación, el 40 % de pobreza, la educación y la salud pública en crisis, no son imperfecciones o falta de maduración del ideal democrático. Se trata de una democracia burguesa, donde hay interés de clases en pugna, pero donde (casi) siempre pierden los de abajo.
¿La libertad de elección política, requisito indispensable de la democracia, es suficiente para considerar que ésta está consolidada? ¿La democracia se reduce entonces sólo a procedimientos? ¿Es posible definir la democracia prescindiendo de sus fines y, por ende, de las relaciones que instaura entre los individuos y las categorías sociales o limitar la democracia a la posibilidad de participar en elecciones?
El Consejo de Europa señala que hay tantos modelos diferentes de gobierno democrático que a veces es más fácil de entender la idea de democracia en términos de lo que definitivamente no es: no es la autocracia o la dictadura, donde una persona gobierna; y no es oligarquía, donde lo hace un pequeño segmento de la sociedad. Bien entendida, la democracia incluso no debe ser la “regla de la mayoría”, si eso significa que los intereses de las minorías son ignorados por completo.
Estados Unidos avanzó con el arte de convertir sus guerras de conquista en civilizadas formas de organizar el mundo y ordenarlo a su modo. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea lo tienen en el centro de su discurso público: democracia y derechos humanos. Todo se hace, se justifica, se impone, en nombre de ellos y de su defensa.
Pero la realidad muestra otra cara: las intervenciones humanitarias, la guerra contra “el terrorismo”, contra los gobiernos que según Estados Unidos no respetan los derechos humanos, contra los que Washington y sus repetidoras políticas y mediáticas en todo el continente llama “Estados delincuentes”.
La política del miedo y la incertidumbre se ha consolidado también como una de las consecuencias que más incidirá a largo plazo. En un estado de guerra multidimensional, el control de nuestros cuerpos y nuestras mentes se vuelve un objetivo estratégico. El miedo se vuelve un arma poderosa de control social. Los medios de comunicación y las redes sociales, afectan la psiquis colectiva, desarticulan el tejido social y manipulan la opinión pública.
Son más de 500 intervenciones militares estadounidenses internacionales desde la fundación de Estados Unidos en 1776, con más de la mitad ocurridas entre 1950 y 2017, y un tercio del total después de 1999, reporta el Proyecto de Intervención Militar en la Universidad Tufts.
También hay una extensa lista del uso de fuerza militar estadounidense entre 1798 a 2023, según los archivos del Congreso. Es difícil calcular el número de veces en que Washington ha intervenido, tanto militarmente como de otras maneras, directas e indirectas, en América Latina con el objetivo de lograr un “cambio de régimen”.
El historiador John Coatsworth identificó por lo menos 41 casos entre 1898 y 1994, uno cada 28 meses durante un siglo. Los ejemplos, sobre todo en América Latina, muestran de manera abrumadora que estas intervenciones de todo tipo han sido contra regímenes progresistas y ayudaron a instalar regímenes derechistas, no pocos de ellos entre los más brutales en el mundo.
Con el gobierno de Salvador Allende, Henry Kissinger dijo estar preocupado de que el éxito de la socialdemocracia en Chile fuera contagioso… Estaba preocupado por que un desarrollo económico exitoso, una economía que produce beneficios para la población general y no sólo ganancias para las empresas privadas
Así, Kissinger dejó al descubierto la historia básica de la política exterior de Estados Unidos durante décadas. Comentó Noam Chomsky en 1994. “En todas partes, lo mismo en Vietnam, Cuba, Guatemala, Grecia, Nicaragua; era la misma preocupación: la amenaza de un buen ejemplo”.
Repasando las distintas etapas de opresión, desde el colonialismo directo de las potencias europeas, al sojuzgamiento económico de la primera mitad del siglo XX, que fue respondido con los primeros movimientos populares en Latinoamérica, los golpes militares contra los gobiernos populares y la imposición del neoliberalismo no llegaron por arte de magia: necesitó del financiamiento y dirección de EEUU.
A medida que avanzaba la resistencia popular a sus políticas, el neoliberalismo abandonó su disfraz democrático y demostró que no era otra cosa que un proyecto autoritario que pretendía esconderse tras el disfraz de la racionalidad y anonimato del mercado. Y tuvo dos etapas. Una, la anterior al 11 de septiembre del 2001, cuando el discurso y la práctica estaban orientados a la militarización de la política y a la criminalización de la protesta social.
La etapa posterior la marcó el traumático del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York y al Pentágono y dio comienzo a un nueva doctrina estratégica estadounidense, en septiembre de 2002, poniendo en marcha el principio de la “guerra preventiva” luego de las palabras del presidente George W. Bush Jr.: “ésta es una guerra entre el bien y el mal, y Dios no es neutral”.
Y la rueda da otra vuelta: luego de haberse impuesto el neoliberalismo en toda la región comienzan a surgir nuevos movimiento populares y nacionales con otros nombres y protagonistas. Además de los golpes consumados, ha habido una desestabilización de signo claramente golpista contra otros gobernantes progresistas, como Rafael Correa en Ecuador y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, que sufren una implacable persecución política operada por instancias judiciales.
Luis Arce, quien restauró la democracia en Bolivia tras el gobierno de facto de Jeanine Áñez, tuvo que luchar contra la sedición de sectores ultraderechistas que aúnan el racismo y el separatismo a la defensa violenta de sus intereses de clase.
El presidente colombiano Gustavo Petro enfrenta un despiadado operativo de lawfare (uso de maquinaciones judiciales y legislativas para deponer a mandatarios incómodos a los intereses de las oligarquías y de las trasnacionales estadounidenses y europeas), así como amenazas directas de altos militares en retiro e intentos de atentar contra su vida.
En Guatemala, el presidente electo Bernardo Arévalo denunció que su país vive un golpe de Estado que “se está llevando a cabo paso a paso, mediante acciones espurias, ilegítimas e ilegales en distintas instancias, cuyo objetivo es impedir la toma de posesión de las autoridades electas -Presidente, Vicepresidenta y diputados y diputadas” del Movimiento Semilla al Congreso.
Aunque México parece ajeno a estas asechanzas, la realidad es que en apenas cuatro meses se han producido dos conatos de golpe de Estado, ambos desactivados rápidamente por sus propios promotores al darse cuenta de que contaban con nulas posibilidades de éxito debido al abrumador respaldo social del que goza el gobierno federal.
En mayo, la fracción del ultraconservador Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado solicitó a la Suprema Corte que destituyera al presidente Andrés Manuel López Obrador, y el 23 de agosto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, presentó a sus pares un proyecto que proponía lo mismo.
Con las armas y/o las togas
Los mismos que antes financiaban los golpes de Estado, ahora financian los golpes judiciales para imponer las políticas neoliberales en América latina. Ya no hacen falta golpes militares, ahora hay que conseguir jueces educados en comisiones y foros», señaló la expresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, víctima reciente del lawfare y de un intento frustrado de magnicidio.
Los jueces juzgan no de acuerdo a los derechos y los códigos, sino de acuerdo a los intereses que, siempre, están en contra de las mayorías populares.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reconoció los avances que se han dado para la consolidación de la democracia en América Latina, pero advirtió que persisten riesgos de retorno del fascismo, intervenciones militares y de que los gobernantes elegidos por el pueblo sean depuestos por grupos oligárquicos.
Señaló que en la actualidad estas operaciones cobran la forma de golpes de Estado “técnicos o mediáticos”, en los que los medios de comunicación corporativos manipulan la información a fin de mantener el régimen de saqueo que los ha enriquecido. Basta con echar una mirada rápida a los acontecimientos del pasado reciente para constatar que éste es un peligro real y acechante.
Desde 2002, distintas configuraciones que reúnen a las fuerzas armadas, los parlamentos, los poderes judiciales, las cúpulas empresariales y los medios de comunicación han derrocado a Hugo Chávez (Venezuela; volvió al poder en 48 horas gracias a la movilización popular y la lealtad de algunos integrantes del Ejército), Manuel Zelaya (Honduras, 2009), Fernando Lugo (Paraguay, 2012), Dilma Rousseff (Brasil, 2016), Evo Morales (Bolivia, 2019) y Pedro Castillo (Perú, 2022).
Cuando el Estado reduce su presencia en educación, salud y la explotación que impacta en el cambio climático, nos queda un vacío, que es ocupado por el narcotráfico: son los que construyen las escuelas -para controlar socialmente a la población- esas que el Estado no construye por tener que aplicar las políticas de ajuste de los organismos multilaterales.
Un artículo publicado en Rusia por Pyotr Romanov, muy cercano a la política internacional del gobierno de su país, expresa en forma de pregunta un deseo oficial: «¿Se separa Sudamérica de Norteamérica?». Para explicar la «nueva independencia» de Sudamérica con respecto a EEUU, el autor menciona los triunfos electorales que han obtenido las centroizquierdas en diferentes países del continente.
Los que impulsan en toda América Latina el achique del Estado y las políticas de ajuste son los mismos que después hablan de combatir a los narcos, como si esa guerra se pudiera hacer con represión desde un Ministerio de Seguridad o con la milicia, y no desde el acceso al trabajo, a la salud, a la educación, al progreso.
La realidad de las últimas décadas muestra que algunos gobiernos, al carecer de recursos y renunciar a la facultad regulatoria que deben tener para preservar la calidad de vida de sus ciudadanos, terminan autorizando cualquier cosa a fin de conseguir ingresos. Y, cuando alguien llega a invertir exige sus condiciones; cuanto menos se invierte en seguridad ambiental, más rentabilidad tiene cualquier emprendimiento. La falta de regulación y presencia del Estado para controlar cómo se hace la explotación en materia de minería y petrolera, significa perder soberanía y entregar a las trasnacionales y la banca de inversión los grandes yacimientos minerales de la región.
No cabe dudas: la desaparición o reducción del Estado, lejos de traer seguridad y bienestar, trae otras cosas.
ARAM AHARONIAN
