La Cámara Federal de Casación de Argentina ratificó este miércoles la condena de 6 años y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la expresidenta, Cristina Fernández.
Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña emitieron el fallo de segunda instancia contra Cristina Fernández, por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos, en la causa conocida como “Vialidad”.
Ahora, la defensa de Fernández deberá apelar el fallo ante la Corte Suprema. Por lo tanto, no podrán detenerla ni inhabilitada hasta que esa instancia se pronuncie. Ese proceso podría tardar meses e incluso años.
Sin embargo, la decisión obstaculiza su posible candidatura para las elecciones legislativas de 2025.
Este martes, Cristina Fernández publicó una carta abierta en la que aseguró que la causa “Vialidad” es un show porque nunca existió una prueba en su contra.
Asimismo, puntualizó que el único objetivo de ese proceso era que nunca más volviera a ocupar un cargo público.
En varias oportunidades, la exmandataria aseguró que era víctima de “lawfare” (hostigamiento judicial y político).
“Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder”, indicó en la carta.
Además, denunció falta de imparcialidad de los jueces que confirmaron su condena, tras alegar que los mismos tienen vínculos con el expresidente Mauricio Macri.
"Los Copitos de Comodoro Py" otra vez en acción. https://t.co/BdXJkO4Kx5 pic.twitter.com/lEdH50zzPw
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 12, 2024
Causa Vialidad
El juicio por la causa Vialidad inició en 2019, cuando los fiscales responsabilizaron a Cristina Fernández de adjudicaciones irregulares de 51 obras públicas al empresario Lázaro Báez.
Si bien la defensa desmontó la acusación y demostró la nulidad de las pruebas presentadas, el tribunal a cargo del caso responsabilizó a la exmandataria.
Los abogados explicaron que las obras viales que citó el Ministerio Público fueron aprobadas dentro de los presupuestos nacionales por el Congreso federal, que se licitaron, ejecutaron y pagaron por el Gobierno de Santa Cruz.
