Un fiscal anticorrupción de Perú solicitó la prisión preventiva contra la candidata a la Presidencia, Keiko Fujimori, por haber incumplido con la restricción de comunicarse con testigos del caso de corrupción Lava Jato, por el cual estuvo en prisión.
En medio del conteo de los votos para conocer quién será el próximo presidente de Perú, el fiscal José Domingo Pérez pidió que se revoque la libertad a Keiko Fujimori, por haberse reunido indebidamente con un testigo del caso Odebrecht.
La solicitud enviada al juez Víctor Zúñiga Urday cita que la candidata por el partido Fuerza Popular se reunió con el testigo Miguel Torres Morales; quien presuntamente es parte de la investigación por el financiamiento ilegal de Fujimori para sus campañas en 2011 y 2016.
“Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”, indicó el fiscal en el documento.
El encuentro entre la candidata derechista y Torres Morales se llevó a cabo este miércoles, cuando Fujimori lo presentó como abogado del partido Fuerza Popular.
Torres fue el encargado de presentar las supuestas irregularidades que denuncia la candidata sobre el conteo de votos de los comicios del pasado domingo.
Ante este hecho, el fiscal señala que la defensa de la candidata sabía la condición de testigo del también excongresista; y adjuntó a la solicitud capturas de pantallas de la rueda de prensa en la que se ve a ambos.
Durante la rueda de prensa, Keiko presentó más de 800 recursos de nulidad para impugnar votos, que hasta este momento favorecen al candidato por Perú Libre, Pedro Castillo.
Por su parte, Torres aseguró que él no es testigo de ese caso, sino que solo ha asistido a Fiscalía por otros temas.
«Lamento que el fiscal confunda las cosas, no soy testigo del caso de aportes, ni nada por el estilo. He asistido a la fiscalía para temas totalmente distintos», declaró a la prensa.
Keiko Fujimori estuvo 16 meses en prisión preventiva (hasta mayo de 2020) y podría enfrentar más de 30 años de cárcel, por presuntamente haber recibido dinero ilegal de la constructora brasileña Odebrecht.
Como aún no ha sido condenada, la derechista pudo participar en las elecciones presidenciales, pero en caso de no ganar deberá ir a juicio.
