Hablar de la tierra como recurso, indudablemente tiene una carga “simbólica, espiritual, ancestral y comunitaria”, marcada por guerras y por consiguiente manchadas de sangre, donde los poderosos históricamente, han tenido el control; desplazando, asesinando y despojando del sustento familiar a millones de campesinos y campesinas.
En nuestro caso, desde 1976 a 1997, Venezuela consolidó el modelo neoliberal rentista. Los grandes empresarios concentraban la mayor cantidad de tierras y, por ende, eran los favorecidos de las políticas de financiamiento del Estado. El “subsidio” a la producción agraria, ganadera e industrial venia de la mano de los créditos internacionales y la “renta petrolera”. Muchos de esos créditos nunca fueron cancelados al Estado, y eran usados para fomentar la “guerra contra los invasores”; derramando la sangre de miles de campesinos y campesinas cuyo único “delito” ha sido exigir la tierra que por derecho le corresponde.
Mientras tanto, para el período 1998 a 2020, el gobierno venezolano realizó grandes esfuerzos que fueron materializados en políticas públicas, planes, programas y proyectos que mejoraron la calidad de vida del campesino, colocándolo como sujeto principal de la política de atención al sector productivo.
Constitucional
En ese sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 306 establece: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional. Igualmente fomentará la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra mediante la dotación de obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica”. Desarrollado en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en su artículo 17 destaca los criterios de “permanencia, organización y aspiración a un progreso material y desarrollo humano del usufructuario y adjudicatario de la tierra como mecanismo para inducir un incremento en la productividad de las tierras y, en consecuencia, garantizar la seguridad agroalimentaria de todos los venezolanos”.
Por ello, el presidente Nicolás Maduro, ha sido enfático en el llamado de atención a la lucha contra el latifundio y el combate a la corrupción. El apoyo a los campesinos y campesinas ha sido sostenido en el tiempo, con la asignación de tierras con vocación agrícola y el avance en el combate contra la Guerra Económica y las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el imperialismo estadounidense, que han afectado a todos y todas por igual.
En ese orden de ideas, el llamado del presidente a los movimientos y organizaciones de base siempre ha sido el de “pasar de la mentalidad de resistencia a la mentalidad ofensiva, de Poder”. Para ello, es fundamental la transformación del Estado y sus instituciones para acabar de raíz el maleficio de la corrupción; tarea que indiscutiblemente nos convoca a todos los venezolanos patriotas.
El diálogo es sinónimo de paz
El diálogo ha sido la bandera del presidente Maduro. Un estandarte que se ha enarbolado a lo largo de los últimos 7 años. El mismo establece mecanismos de concertación con el pueblo organizado; y con sectores de oposición deslindados de planes antidemocráticos, golpistas y terroristas. Acción que ha desencadenado un hito histórico: el diálogo político como herramienta para la construcción de la paz duradera.
En consecuencia, ningún espacio constituído para el diálogo debe atacarse. Por el contrario, debe aprovecharse para la defensa de la verdad y el reconocimiento del daño ocasionado por el bloqueo al pueblo venezolano.
Por todos los hombres caídos y mujeres caídas; y por los que día a día trabajan para llevar el alimento a la mesa de los venezolanos, en medio de una guerra sin cuartel. Por ellos, debemos ratificar la confianza en el liderazgo y en el futuro, que sin duda está en esta tierra.
DAVID HERNÁNDEZ
