Representada por una delegación de alto nivel, encabezada por el embajador ante la ONU, Samuel Moncada, por el canciller, Yvan Gil y por el viceministro para las políticas antibloqueo, William Castillo, la República Bolivariana de Venezuela ilustró ante la Asamblea General de la Onu el Mapa geopolítico de “sanciones”. Un trabajo de investigación formalizado en el ámbito de la Ley antibloqueo, y que se encuentra en expansión. Ahora, Venezuela ha decidido poner la Plataforma a disposición de la ONU (que considera ilegales las medidas coercitivas unilaterales), para que cada organismo, cada país, cada periodista, cada político o cada investigador pueda entender la naturaleza y alcance de este tipo de armas, utilizadas por el imperialismo para imponer su dominio sobre naciones consideradas más débiles, abusando del control que ejerce sobre el sistema económico-financiero mundial.
El debate se desarrolló como parte de la agenda de eventos paralelos de la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que concluyó en Nueva York el 26 de septiembre, y en los que se discutió el tema: “Reconstruir la confianza y reactivar la solidaridad mundial: Acelerar las acciones dentro de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia la consecución de la paz, la prosperidad, el progreso y la sostenibilidad para todos”.
En este escenario, el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU organizó el importante debate sobre las «sanciones». El Grupo se formó a partir de una iniciativa de Venezuela en la ONU, lanzada en 2020 junto a las delegaciones de Bolivia, China, Cuba, Irán, Siria y Rusia, a la que posteriormente se sumaron otros Estados de distintas regiones del mundo. En la primera reunión ministerial del Grupo, los 18 países miembros adoptaron una declaración conjunta para pedir respeto al instrumento fundacional de las Naciones Unidas, que se centra en el multilateralismo como eje fundamental para promover el desarrollo económico y el progreso social, los derechos humanos y un mundo más pacífico y más justo.
Principios universales que, según la declaración, se ven amenazados por la creciente tendencia a recurrir a decisiones unilaterales, en detrimento de la cooperación y la solidaridad internacionales, que en cambio «deben profundizarse más que nunca para llegar a soluciones colectivas, inclusivas y eficaces para afrontar los desafíos y las amenazas comunes del siglo XXI”. Contra estos principios, denunció Venezuela, existe un ataque insidioso de quienes se presentan como adalides del multilateralismo, pero en realidad practican el «multilateralismo de grupo», y trabajan para dividir o encasillar a los países en función de la proximidad política y de intereses de dominación neocoloniales y geoestratégicos.
En este camino, el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta ha profundizado sus análisis, denuncias e intervenciones y ha ampliado su radio de acción. Desde la sede de la ONU en Nueva York, el trabajo se extendió así al resto de oficinas de Ginebra, Nairobi y Viena, así como a las oficinas de otras agencias especializadas en cuestiones de la Carta y vinculadas a Naciones Unidas. Luego de una primera declaración en nombre del Grupo de Amigos, realizada por el Canciller venezolano, Yvan Gil, durante el Panel de Alto Nivel sobre el Derecho al Desarrollo, en marzo de este año el Grupo se instaló formalmente en Ginebra, Suiza, sede del Comité de Derechos Humanos y de otros importantes organismos internacionales, como la Conferencia de Desarme, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Trabajo. En aquella ocasión, los países participantes pasaron a ser 20: Angola, Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Camboya, China, Cuba, Eritrea, Palestina, Rusia, Guinea Ecuatorial, Mali, Nicaragua, Irán, República Popular Democrática de Corea, Laos, San Vicente y las Granadinas, Siria, Venezuela Zimbabwe.
La compacidad de intereses y el nivel de la propuesta presentada por la delegación en esta ocasión es el resultado de décadas de trabajo internacional, que comenzó con Hugo Chávez y continuó con Nicolás Maduro, el cual ha tenido que enfrentar una dura batalla para romper el asedio multifacético del imperialismo estadounidense y de sus aliados, favorizados por la oposición golpista venezolana. Un intento de sofocar no sólo la voz del socialismo bolivariano en el escenario político y diplomático, sino también la de los pueblos que se identifican con la esperanza que de él emana, y que se han beneficiado de los principios de solidaridad y de intercambio no asimétrico, practicados por la revolución bolivariana. Una estrategia que, sin embargo, fracasó, porque Maduro devolvió al país el protagonismo de importantes iniciativas internacionales.
Un papel que ha seguido creciendo. Desde la COP27 en Egipto en 2022, pasando por los viajes que realizó el presidente a nivel internacional, hasta su participación en las cumbres de este año, se ha resaltado la importancia de Venezuela dentro del mundo multicéntrico y multipolar que va construyendo una alternativa a la hegemonía norteamericana, 200 años después de la Doctrina Monroe. La Venezuela bolivariana es importante por sus extraordinarios recursos, por su ubicación geográfica, pero también por su resistencia y por la perspectiva que mantiene abierta para los pueblos del mundo. No en vano el «demócrata» Obama la definió como «una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de Estados Unidos», allanando el camino, en 2014, al crescendo de Medidas coercitivas unilaterales impuestas posteriormente a Venezuela en varias rondas.
Las Medidas coercitivas unilaterales – dijo Venezuela ante la ONU – son verdaderas armas de destrucción masiva, mortíferas y generalizadas. Sin embargo, sus efectos devastadores, en todos los niveles de la vida económica y social, quedan ocultados por una propaganda específica, que presenta las «sanciones» como «castigos» individuales, dirigidos a sujetos políticos o institucionales, cuya credibilidad ha sido demolida y que, por lo tanto, «se los merecen». Tanto es así que los propios afectados no tienen claro de qué se trata, ni el alcance del daño causado a sus propias vidas. El papel del imperialismo y su aparato de control ideológico, de hecho, es enturbiar las aguas, haciendo que el sufrimiento causado a los pueblos recaiga sobre los gobiernos que los representan.
Por ello, la delegación expuso claramente los números y proporciones de esta nueva guerra, y sus efectos criminales sobre la economía venezolana, sobre el desarrollo, y también sobre las relaciones internacionales en su conjunto: privárse de la posibilidad de aprovechar los extraordinarios recursos que posee Venezuela y que, con la revolución bolivariana, se han vuelto accesibles a los países vecinos, a precios solidarios, significa de hecho poner en peligro el desarrollo de toda la región. Y también, como ocurrió tras la toma de la refinería de Citgo, con sede en EE.UU., significa causar daños a los súbjetos débiles de los países imperialistas como los pobres del Bronx, destinatarios de un proyecto concebido por Chávez para proporcionarles combustible y dejar que se puedan calentar y puedan cocinar.
De hecho, las «sanciones» apuntaban a la petrolera nacional, Pdvsa, para destruirla desde dentro y bloquearla desde fuera, como lo documenta el Observatorio Venezolano Antibloqueo, y con el apoyo activo de la oposición golpista, que trabajó para pedir a sus amos con cada vez más «sanciones», y se ha dedicado al saqueo de los bienes públicos. Antes del decreto de Obama, la petrolera venezolana producía 2,8 millones de barriles diarios. Para bloquear todas las operaciones y activos de PDVSA, Trump emitirá luego tres decretos ejecutivos.
Entre enero de 2015 y junio de 2020, la producción de Pdvsa cayó un 87%, llegando a 339 mil barriles día en junio de 2020. Las pérdidas de la industria petrolera, por la caída de la producción, las “sanciones”, la guerra de precios y el sabotaje contra Pdvsa, hoy ascienden aproximadamente a 232 mil millones de dólares. A pesar del gran esfuerzo hecho por el gobierno bolivariano, las criminales medidas coercitivas unilaterales han afectado gravemente el sistema productivo venezolano y dañado profundamente la vida social y los derechos humanos de la población, en particular los de los sujetos más débiles, como los niños y los ancianos.
Las casi 1.000 «sanciones» impuestas por Estados Unidos y sus aliados también han afectado al sector privado, que depende en gran medida de la ayuda fiscal del Estado; estimularon la fuga de capitales, golpearon la moneda y asustaron a los inversores, lo que provocó el cierre de fábricas y una caída del producto interno. Tal ferocidad indica la proporción del choque entre el socialismo y el modelo capitalista, que intenta aplastar por todos los medios «la amenaza inusual y extraordinaria» que proviene de un ejemplo alternativo.
En este último debate en la ONU participaron varios representantes de los países afectados por las medidas coercitivas unilaterales, que son una treintena. Se trata en su mayor parte de países del sur «en desarrollo», pero también aparecen China y Rusia, que – tras el estallido del conflicto en Ucrania – saltó a lo más alto de la lista en cuanto a número de «sanciones». Rusia recordó que cuando se inventaron las armas químicas muchos quisieran utilizarlas, pero luego se llegó a un consenso para prohibirlas. Ahora debe ocurrir lo mismo con las medidas coercitivas unilaterales. Y si no se puede convencer a la parte contraria, se puede aumentar la presión sobre los órganos de toma de decisiones de la ONU, para que supervisen los impactos de las MCU en las vidas de millones de personas, se liberen del miedo y las eliminen.
Por esta razón, se dijo, el Mapa de las «sanciones» -una formidable base de datos que debe compartirse y ampliarse- es una herramienta para crear conciencia sobre el alcance de las repercusiones causadas por las medidas coercitivas a nivel internacional. Un instrumento que hasta ahora no existía en los organismos multilaterales y que permite una visión de conjunto y una reacción común ante estas disposiciones ilegales, que están al margen del derecho internacional. Disposiciones que no deberían existir en las relaciones internacionales, porque violan los principios de la Carta de la ONU, pero que se presentan como una práctica de presión recurrente por parte del imperialismo estadounidense para lograr el ansiado «cambio de régimen», desde 1950.
Para Venezuela y los países que integran el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU, apoyado por la relatora de la ONU sobre derechos humanos, Alena Douhan, ha llegado la hora de crear una plataforma internacional para luchar contra las medidas coercitivas unilaterales. Una zona económica internacional libre de «sanciones», apoyada por países que quieren construir una zona de libre comercio como instrumento de lucha que libere a los pueblos de ese chantaje y les permita desarrollarse y prosperar.
En este contexto, se renovó la denuncia contra el secuestro y tortura del diplomático venezolano Alex Saab, que ahora Estados Unidos renueva con verdaderas persecuciones judiciales. La abogada Laila Tajeldine, que forma parte de su equipo de defensa internacional, explicó los términos de un «retraso procesal inconcebible» generado por la Corte de Apelaciones del Circuito 11 de Georgia, que, de remisión en remisión, pospuso un año más la respuesta al recurso de la defensa, lo que llevaría a la fijación de una audiencia de apelación sobre la inmunidad diplomática violada.
La «culpa» de Alex es evidentemente la de haberse opuesto, como enviado especial del gobierno bolivariano, a las medidas coercitivas unilaterales impuestas al pueblo venezolano por la administración Trump. Por ello, pese a estar amparado por la inmunidad diplomática, fue apresado en 2020 en la isla de Cabo Verde. Sólo en 2020 -recuerda Tajeldine- logró hacer llegar a Venezuela 16 aviones con repuestos necesarios para reactivar varias refinerías que no pudieron conseguirlos en el extranjero debido al bloqueo, y también organizó la llegada de varios barcos con combustible desde Irán, lo que se sumó al envío de decenas de aviones con medicamentos de alto coste, y alimentos para más de 5 millones de familias, cada mes.
El caso de Alex es evidentemente un caso político, que debe resolverse a nivel político, mientras el gobierno estadounidense ha respondido negativamente a cada propuesta de Maduro de canjearlo por algunos mercenarios norteamericanos capturados en Venezuela. Un grupo de expertos de la ONU, encabezado por Alena Douhan, relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre los derechos humanos, ha pedido ahora a Estados Unidos que «respete el derecho internacional y libere inmediatamente» al diplomático, y retire todos los cargos en su contra.
