Desmanteladas 3 bandas delictivas asociadas a la pornografía infantil en Lara

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Las autoridades han desmantelado tres bandas criminales dedicadas al fetish crush animal (práctica sexual que implica tortura animal) asociado a la pornografía infantil, en el estado Lara.

Durante una rueda de prensa, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofreció un balance sobre el caso de abuso sexual que se perpetró en el estado Lara y cuyo video fue viralizado en redes sociales.

En días pasados, un caso que conmocionó a la opinión pública luego que circulara un video en el que 4 mujeres (familiares) abusaron de un niño de 7 años en Barquisimeto.

Como parte de las investigaciones de este caso detuvieron a 3 mujeres miembros de una red criminal dedicada a la prostitución infantil y maltrato animal. Estas mujeres estaban vinculadas al caso del niño que fue torturado y abusado sexualmente.

Saab precisó que en el período enero-noviembre de 2022 se han registrado un total de 1.494 casos por el delito abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en el país.

En vista del aumento significativo que hemos registrado de los delitos de abuso sexual contra la niñez y adolescencia; y la aberración que denotan en sus perpetradores, decidimos impulsar medidas para sancionar con mayor dureza estos crímenes atroces”, anunció.

En ese sentido, adelantó que se está elaborando una propuesta para reformar la Lopnna, que está centrada fundamentalmente en la actualización de los delitos de naturaleza sexual perpetrados contra niños, niñas y adolescentes.

La reforma incluirá un agravante para delitos atroces que establecerá que en los casos que así se consideren; se debe condenar por el límite máximo de la pena atribuida al delito por el que se acusa al presunto victimario.

Además, establece el aumento de las penas en delitos de explotación sexual, abuso sexual y los relacionados a la difusión o exhibición de material pornográfico; y exhibición pornográfica, previstos en la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos.

Saab manifestó que es el momento de revisar si algunos delitos extremadamente graves, no merecerían una pena superior a los 30 años de prisión; sin que haya beneficios procesales. 

“Creemos necesario abrir un debate en torno a las penas máximas aplicables en el país”, afirmó.

Sin embargo, consideró que para ello es necesario realizar una enmienda a algunos artículos de la Constitución y del Código Orgánico Procesal Penal.

 

 


 

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