Este sábado, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destituyó al comandante del Ejército, el general Júlio César de Arruda.
El anuncio ocurrió tras la «fractura en el nivel de confianza»; esto se debe al intento de golpe de Estado perpetrado por simpatizantes del expresidente Jaír Bolsonario, el pasado 8 de enero.
Arruda será sustituido por el general Tomás Ribeiro Paiva, militar con experiencia en misiones internacionales de paz.
El ministro de Defensa, José Múcio, oficializó el cambio del mando del Ejército, en el acto que duró solo unos pocos minutos. Además, indicó que dicha medida es la demostración de autoridad por parte del mandatario, luego de que miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieran y saquearan las sedes de los poderes públicos.
Por su parte, el nuevo comandante del Ejército, Ribeiro Paiva también emitió un mensaje a la nación; «Vamos a continuar garantizando nuestra democracia porque la democracia presupone libertad y garantías individuales y públicas. Es el régimen del pueblo», dijo.
Hoje, junto com o ministro da Defesa, José Múcio, conversei com o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, o novo comandante do Exército. Desejo um bom trabalho ao general.
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— Lula (@LulaOficial) January 21, 2023
Desconfianza
Días atrás el presidente Lula da Silva, aseguró que está convencido de una “complicidad interna” en la asonada en Brasilia. Durante este hecho, más de 2.000 personas fueron detenidas.
Por tal motivo, el mandatario anunció que realizaría una «revisión profunda» de su entorno más cercano en el palacio presidencial.
Asimismo, el mandatario acusó a «muchos» uniformados de ser «conniventes» con los radicales. El mandatario criticó que las agencias de inteligencia del «Ejército, la Policía y la Marina» no le avisaron de que los extremistas se estaban organizando para intentar derrocarle.
Por esta razón, prometió castigar a todos los implicados «sin importar la patente».
Detenidos
El Supremo Tribunal Federal de Brasil, dictaminó el pasado viernes prisión preventiva a 942 ciudadanos que participaron en los actos vandálicos contra el Congreso, el Palacio de Planalto y dicha sede federal.
De los 1.406 ciudadanos encarcelados por los ataques, 464 personas serán liberados.
Entre las medidas cautelares dictaminadas se encuentran la cancelación de los pasaportes, la suspensión de la documentación que legaliza la portación de armas de fuego, así como llevar una tobillera electrónica.
