«El más gigantesco caso de corrupción que haya conocido la historia de Venezuela»; así ha catalogado el gobierno venezolano las maniobras del exdiputado opositor Juan Guaidó. En este sentido, el Ministerio Público abrió una nueva investigación penal por su responsabilidad en el bloqueo de activos del país que impiden la compra de vacunas e insumos para la atención de la pandemia del covid-19. Así lo informó este jueves el fiscal general de la República, Tarek William Saab.
Expediente Criminal
Es preciso recordar que todo empezó en enero de 2019, cuando la fiscalía abrió un sinfín de investigaciones contra el dirigente opositor. Una de ellas por usurpación de funciones; luego de que el 23 del mismo mes y año, se autoproclamara presidente interino del país en una plaza pública de Caracas. Esta autoproclamación le permitió cosechar beneficios por robos, confiscaciones y movimientos ilegales; todo con el uso de los recursos de la nación y el acompañamiento de Estados Unidos y sus aliados.
En total, el Ministerio Público tiene abiertas 25 causas en las que se investiga a Guaidó y a otros venezolanos; quienes están señalados de implicación en delitos que, además del de usurpación de funciones, también incluyen los de corrupción. Asimismo por legitimación de capitales e instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes. También malversación agravada, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, conspiración con gobierno extranjero, terrorismo, rebelión, tráfico de armas de guerra; traición a la patria y asociación para delinquir.
Ahora, el órgano fiscal inició una nueva investigación en su contra. Esto luego que el gobierno solicitara la indagación por el bloqueo de 7 mil millones de dólares; los que pudieran ser destinados a la compra de vacunas, insumos médicos y alimentos en medio de la pandemia.
Clave: El dinero secuestrado para las vacunas
La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, pidió este jueves en nombre del Ejecutivo que se de la investigación penal a fondo y «se determine la responsabilidad de Juan Guaidó y su grupo de criminales por impedir el derecho a la salud y a la vida del pueblo de Venezuela». La funcionaria reiteró que más de 7 mil millones de dólares que se podrían usar a través del mecanismo Covax, están bloqueados.
Algunos medios de comunicación internacionales alardearon con la noticia de que Guaidó había «aprobado financiación» para comprar 12 millones de vacunas para Venezuela. Pero este Fake News lo desmontó rápidamente el gobierno venezolano, inclusive mucho antes de este anuncio. Pues, desde el año 2020, el gobierno solicitó que el dinero de la nación bloqueado en el exterior para destinarlo a la compra de tratamientos y vacunas con el fin de combatir el coronavirus en el país, fuera liberado.
Un ejemplo tajante de las maniobras de Guaidó en conjunto con sus socios, es uno al que hemos hecho referencia en reiteradas oportunidades a través de este medio. El Banco de Inglaterra, que mantiene secuestrado aproximadamente mil millones de dólares en oro venezolano, se negó a la propuesta del Banco Central de Venezuela de liberar estos fondos. Los recursos iban a ser transferidos al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Estos serían gestionados por la ONU y destinados a la compra de suministros, como los equipos médicos necesarios para combatir la enfermedad viral. Y es que, quienes mantienen confiscados los fondos y activos en Londres, requieren la aprobación del bando de Guaidó (quienes se negaron) para liberar el dinero, que sería enviado directamente a la alianza internacional y mecanismo de acceso a vacunas Covax.
La vicepresidenta destacó que el BDV, solicitó al Citibank liberar 346 millones de dólares; a lo cual respondieron que esos recursos habían sido transferidos a la Reserva Federal de EE.UU. por orden de Juan Guaidó, «con lo cual financió la operación Gedeón», afirmó.
Consecuencias devastadoras
No se puede dejar pasar la objeción de la la relatora de Derechos Humanos de la ONU, Alena Douhan quien invitó a que «deben liberarse los fondos para que Venezuela pueda comprar vacunas contra el covid-19 y atender la pandemia». De la misma manera explicó que considerar a Venezuela un país poco democrático para justificar sanciones «es una aberración porque se viola el derecho internacional».
Las consecuencias devastadoras de las medidas coercitivas unilaterales debido a que los fondos de Venezuela se mantienen secuestrados en el exterior, han sido evidentemente alarmantes. Los culpables no deberían escapar de la debida investigación penal.
Los efectos negativos que han tenido el bloqueo bajo el consentimiento de Guaidó, han atentado contra la vida de, incluso cientos de niños, que esperan por tratamientos médicos especializados. Antes los costeaba el Gobierno de Venezuela a través de la Fundación Simón Bolívar, adscrita a la empresa filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Citgo; confiscada ilegal y unilateralmente por el gobierno estadounidense.
A principios del mes de febrero, la vicepresidenta condenó la muerte de 8 niños que esperaron donaciones mediante aportes de Citgo para sus operaciones. También millones de euros destinados para tratamientos de hemofilia, diabetes y otras patologías, permanecen bloqueados.
Por estas y otras razones penales, ya mencionadas, el fiscal general señaló, que «el Ministerio Público tiene toda esta relación de hechos condensados en un solo expediente, tengan por seguro que la justicia recaerá sobre todos los actores internos y externos que forman parte de esta organización terrorista».
Asimismo, William Saab añadió que esperan tener pronta respuesta de la Corte Penal Internacional; al considerar que la retención del dinero por parte del Gobierno de Estados Unidos y sus aliados, constituye un crimen de lesa humanidad.
