Cancillería venezolana califica de “piratería moderna” caso CITGO (+Comunicado)

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A través de un comunicado de la República Bolivariana de Venezuela, publicado en la cuenta en la red social tuiter del canciller Jorge Arreaza, este domingo, se denunció la decisión del tribunal del distrito de Delaware en Estados Unidos, sobre la venta judicial de la acciones de la empresa Citgo Petroleum pertenecientes a PDVSA Holding, empresa propiedad de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA)

En la comunicación oficial, se denuncia la decisión judicial tomada el día 22 de mayo por el tribunal estadounidense, calificándola como parte de un plan del gobierno de Estados Unidos, para confiscar los bienes de la petrolera en ese país. Para este fin habrían delegado en el opositor Juan Guaidó y sus cómplices, el establecimiento de una fraudulenta representación de la República y de PDVSA.

Asimismo, la comunicación detalla que la sentencia pretende ejecutar un laudo dictado por el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de diferencias relativas a inversiones (CIADI), a partir de una reclamación realizada por la empresa canadiense Crystallex en contra de la República Bolivariana de Venezuela, “aún cuando ni PDVSA, ni CITGO, ni PDV Holding son deudores de Crystallex ni fueron sujetos del procedimiento ante el Tribunal Arbirtral del CIADI”.

En el texto también se advirtió, que los representantes judiciales que han pretendido actuar en nombre de Venezuela y de PDVSA en los tribunales estadounidenses, carecen de legitimidad para hacerlo. De igual forma, se reiteró “el gravísimo hecho” de que el abogado que ahora pretende representar a la República, ha trabajado como asesor jurídico de la empresa canadiense. Este personaje es quién ha impulsado la tesis según la cual, se pretende confundir como uno solo el patrimonio de la República y el patrimonio de PDVSA.

Finalmente, el comunicado informa que los representantes legítimos de Venezuela continuarán llevando adelante la defensa del patrimonio de todos los venezolanos, ante estos hechos de “arbitrariedad y piratería moderna”, que se ejecutan en Estados Unidos y que atentan contra el derecho internacional referido a inversiones extranjeras e incluso el ordenamiento jurídico interno de ese país.

 


 

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