AN pidió 30 años de cárcel a involucrados en trama PDVSA-Cripto

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El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, pidió la pena de máxima (30 años) para el empresario Samark López y el exministro Tareck El Aissami, detenidos por su participación en la trama de corrupción PDVSA-Cripto.

Durante la sesión de este martes, Rodríguez exhortó a los Tribunales que consideren la pena de 30 años de cárcel para López y El Aissami.

Ojalá y le metan 30 años de cárcel al traidor de Samark López y 30 años de cárcel al traidor de (Tareck) El Aissami, 30 años de cárcel pido que sea considerado por los tribunales de la república”, solicitó durante su intervención.

En su alocución, el presidente del Parlamento hizo referencia a las revelaciones que hizo el fiscal general de la República sobre los vínculos de Samark López y Tareck El Aissami con la extrema derecha.

Jorge Rodríguez los calificó de traidores y condenó que se dedicaran a dañar al país “en uno de los peores momentos, de los más complejos y difíciles”.

 

Asimismo, lamentó que aún no estén presos los opositores Leopoldo López, a Julio Borges y Carlos Vecchio. A lo que ratificó que el peso de la ley debe caer sobre los corruptos.

En ese sentido, manifestó que más allá de las traiciones a las filas del chavismo, es lamentable el daño hecho a la nación.

“A mí no me duele que un traidor caiga, duele que todavía no pongamos tras las rejas a Leopoldo López, a Julio Borges, y al extorsionador de Carlos Vecchio”, reprochó.

Comisión especial para investigar trama Pdvsa-Cripto 

Por otra parte, Jorge Rodríguez designó una Comisión especial que acompañará al Ministerio Público en las investigaciones por la trama PDVSA-Cripto y establecer responsabilidades políticas.

La comisión estará presidida por el primer vicepresidente, Pedro Infante, quien estará acompañado de los diputados William Gil, Carolina García, María Vega, Oriana Osorio, Winston Vallenilla, Jesús Faria, Oscar Ronderos y Juan Carlos Alvarado.

El presidente de la AN precisó que espera que la comisión especial no quede solo en un informe, sino que establezca responsabilidad política para que la Fiscalía establezca las penales.

 

 


 

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