¿Volvieron las sanciones contra Venezuela?

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Este lunes, varios medios de comunicación reseñaron que habían vuelto las sanciones contra Venezuela, en la cual hacían referencia a que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso medidas petroleras. Sin  embargo, esta información no es del todo cierta.

Al respecto, el viceministro de Políticas Antibloqueo William Castillo se pronunció ante la narrativa que intentan posicionar algunos medios de comunicación, al asegurar que volvieron las sanciones contra Venezuela.

Castillo aclaró que la OFAC no impuso una nueva sanción, sino que renovó la Licencia General 5, emitida en 2018, hasta el próximo 13 de agosto.

Asimismo, explicó que esa licencia general 5 prohíbe que una parte de los Bonos de 2020 de Pdvsa, que afecta directamente a la filial Citgo, sean transadas en los mercados financieros. 

“En la práctica esta Licencia ha impedido que se ejecute la declarada subasta de Citgo por parte del juez Leonard Stark”, puntualizó el viceministro.

En ese sentido, William Castillo precisó que el año pasado el juez indicó que la licencia no le impediría subastar Citgo “pero en los hechos no lo ha hecho”. “Por lo tanto, algunos analistas lo interpretan como una cierta protección de Citgo. Otros creen que no”, añadió. 

A la filial de Pdvsa, Citgo, la bloqueó el expresidente Donald Trump en 2019, cuando la entregó al exdiputado Juan Guaidó. 

Vale recordar, que en enero de este año la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ratificó el fraude que cometió el partido Voluntad Popular (VP), bajo órdenes del exdiputado Juan Guaidó, contra Citgo. 

Esta Corte confirmó que el exdiputado y sus funcionarios utilizaron recursos de la filial de la estatal Pdvsa para sus propios fines.

Ahora, con la renovación de la licencia general 5 la OFAC establece que mientras esté vigente el documento queda prohibida la venta de las acciones de Citgo por parte de los acreedores de bonos de Pdvsa.

Por ende, no se permite «la venta, transferencia, cesión o pignoración como garantía por parte del Gobierno de Venezuela de cualquier participación accionaria en cualquier entidad en la que el Gobierno de Venezuela tiene una participación del 50% o más».

 

 


 

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