Estudiantes recuerdan que la Universidad Central de Venezuela (UCV) cumple un año exactamente sin convocar al alumnado; sin gestionar actos de grado ni trámites administrativos. Alegan que la directiva, encabezada por la rectora Cecilia García Arocha, ven como prioridad intereses particulares para perpetrarse en los cargos, antes que el retorno a clases.
Hoy nuestra #UCV cumple 360 días paralizada, sin clases, sin actos de grado y sin trámites administrativos
¡La casa que vence la sombra" pic.twitter.com/gXqCMoSpR7
— Viva la UCV (@VivaLaUCV) March 11, 2021
Ante este panorama, surgen posturas contra la administración de la universidad. Algunos movimientos estudiantiles responsabilizan a la rectora García Arocha y al secretario Amalio Belmonte, ante las problemáticas presentadas, como el abandono de las instalaciones, la desorganización interna y la falta de seguridad en el campus universitario, entre otras.
Hoy los estudiantes de la UCV estamos aquí en la calle, donde hemos permanecido porque lamentablemente nos han impedido estar en nuestras aulas.
Estamos alzando nuestra voz porque creemos que sí se puede hacer algo por rescatar a la academia, por rescatar a nuestra universidad. pic.twitter.com/s0TIW0E0sM— Carlos Alberto Fernández (@Carlosafg_) February 18, 2021
Corrupción evidente
A principios del año 2020, el conflicto interno en la UCV se hizo público con la renuncia del para entonces vicerrector administrativo Bernardo Méndez. Este consignó un extenso escrito con la lista de irregularidades que había observado en la universidad y que lo llevaban a renunciar.
Para entonces, el exconstituyentista, Ricardo Sánchez, declaró a RedRadioVe la denuncia presentada ante la Asamblea Nacional Constituyente expresaba con detalles y respaldada por documentos, los manejos dolosos que incluso superan los 21 millones de dólares invertidos en compras de inmuebles mientras se descubrió la desviación de partidas con respecto al tema de la seguridad social de los profesores. Al final, los recursos no llegaron a ellos.
Para mayo de 2020, se pudo conocer que el fondo de jubilaciones de la UCV era de $18.419.179 dólares en 2018; pero no se supo qué ocurrió con ese patrimonio. Así como ésta, hay numerosas denuncias contra la rectora y su grupo. Incluyendo aquellas sobre el fondo de jubilaciones del profesorado. Por estas razones económicas, los denunciantes afirman que García Arocha pretende quedarse como cabeza rectoral aunque lleve más de 13 años en el cargo.
Pese a las acusaciones por evidentes pruebas de corrupción, incluso por malversación de fondos destinados al pago de bonos del profesorado, las autoridades de las universidades autónomas se niegan a aprobar la decisión de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) sobre pago del salario de personal universitario activo y jubilado a través del Sistema Patria. Esta medida tiene como fortalecer la transparencia del uso del dinero destinado para tal fin.
Tras una reunión del ministro de Educación Universitaria con miembros de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), los rectores acordaron trabajar con los técnicos de la OPSU para el alcance y ejecución de la Plataforma del Sistema Patria a fin de vaciar las nóminas del personal sin “afectación” de la autonomía universitaria.
Contradicción
Aún cuando se sabe de las desviaciones de fondos destinados al pago de personal, los rectores exigieron al Estado, que se paguen los gastos de funcionamiento de 2021 antes de el mes de abril. Lo contradictorio del caso, es que son ellos mismos quienes acusan al Estado de intervenir en asuntos internos de las universidades autónomas. Primero rechazan los pagos a través de Patria, luego exigen cancelación obligatoria de gastos.
