Este jueves el presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Juan José Mendoza, declaró nulidad a cualquier tipo de modificación del Reglamento de Interior y Debates por parte de la Asamblea Nacional (AN), que se encuentra en desacato, y exhortó al Ministerio Público (MP) a investigar la situación.
La decisión fue tomada luego que 3 diputados a la Asamblea Nacional (AN), militantes de partidos opositores venezolanos, consignaron ayer ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso para impugnar la modificación ilegal a la Ley de Interior y de Debates de ese organismo, impulsada por Juan Guaidó que pretendía la participación en las sesiones (vía electrónica) de los diputados que se encuentran fuera del territorio nacional, impidiendo de tal modo la incorporación de los diputados suplentes a sus curules.
El magistrado del TSJ, durante el pronunciamiento a los medios de comunicación, aseguró que el órgano plenipotenciario en desobediencia insiste en quebrantar la ley desconociendo al pueblo venezolano.
Mendoza indicó que el máximo poder judicial resolvió una demanda de nulidad planteada por los diputados Leandro José Domínguez, Jesús Gabriel Peña y José Gregorio Noriega contra la pretensión de la modificación del Reglamento de Debate por parte de la Asamblea en desacato.
Reiteró “el asalto al Estado de Derecho y a todos los Poderes Públicos por parte de la AN que se encuentra en desacato y cuyos actos son nulos” y puntualizó que “No existe en el derecho ningún parlamento virtual, todos tiene sedes y exigen la presencia física de todos sus integrantes”.
“La AN en desacato ha pretendido violentar las bases constitucionales y republicanas del Estado venezolano (…) reconociendo la cualidad de diputados, a personas que no tienen residencia física en el territorio venezolano y que abandonaron el ejercicio físico de sus funciones parlamentarias”, manifestó el magistrado.
Por último, el TSJ cumpliendo órdenes del régimen, instó al Ministerio Público a investigar la “pregunta materialización de conductas de tipo delictiva”.
