Servicios públicos en Venezuela ¿problemas o soluciones?

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En medio de la pandemia por covid-19 el Estado venezolano ha anunciado acciones para garantizar la atención de los servicios públicos que satisfacen necesidades fundamentales en la población.

Previo al impacto del coronavirus la nación suramericana experimentó procesos vinculados a la dinámica política y geopolítica que influyeron negativamente en el funcionamiento de áreas vitales como la generación de energía eléctrica; de la cual depende el bombeo de agua potable en todas las regiones.

En ese sentido, el mayor acto de sabotaje registrado contra los servicios públicos venezolanos se produjo el 7 de marzo de 2019; con un ataque cibernético a la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar; la principal en el país, el cual afectó a 80% de la población.

Por otra parte, el sector servicios ha sido objeto de las medidas coercitivas y unilaterales impone en materia económica el gobierno de Estados Unidos, a partid de la primera “orden ejecutiva” de 2015 y que limitan al país para la adquisición de partes, piezas, repuestos e insumos en general; necesarios para el mantenimiento de sistemas y maquinaria en general.

Respuesta gubernamental

A comienzo de 2019, el ejecutivo nacional ordenó la creación del Estado Mayor de Servicios y Obras Públicas, a cargo del vicepresidente sectorial Néstor Reverol; e inició un proceso de coordinación con los gobiernos regionales y locales.

El plan incluyó la conformación del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos, el cual, bajo la acción de un Sistema de Alerta Temprana (STA), se encarga de informar, en tiempo real, las incidencias que afecte la prestación prestación de los servicios.

Recientemente, a través de las gobernaciones, alcaldías y con el apoyo de los protectorados en los estados administrados por la oposición; se han concretado medidas para dar respuesta a las denuncias de la población y garantizar el cumplimiento de los objetivos.

Planes y proyectos

Entre las acciones emprendidas por los mandatarios estadales, destaca la reciente firma de un convenio entre la gobernación de Miranda y Pdvsa Gas; para atender las necesidades de la ciudadanía en materia de suministro de gas doméstico; otros de los ámbitos que ha sido afectado, ahora con las “sanciones” que limitan las operaciones de la industria petrolera nacional.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el gobernador mirandino, Héctor Rodríguez Castro; informó sobre los aspectos que abarca el convenio con la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

“Firmamos un memorando de entendimiento con @pdvsa_gas para trabajar en conjunto y superar las debilidades que presenta el servicio. Nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida de las familias”; anunció el gobernador.

Asimismo, dijo que “este acuerdo también nos permitirá desarrollar y ejecutar proyectos para masificar la distribución del gas en zonas residenciales, comerciales e industriales; así como vehicular”.

Otro caso que ha merecido especial atención en cuanto al funcionamiento de los servicios básicos es el estado Carabobo; en este caso en relación al suministro de agua potable.

El gobernador Rafael Lacava anunció la ejecución de un proyecto para la activación de sistemas como la Planta Potabilizadora Alejo Zuloaga, para mejorar la calidad del agua potable, principalmente en la ciudad de Valencia y zonas aledañas; la región más afectada de acuerdo a las denuncias de la población.

Por su parte, en el estado Zulia, el gobernador Omar Prieto asumió el proceso de recuperación del sistema eléctrico en las tres regiones operativas que han requerido mayor atención: Sur del Lago, Costa Oriental del Lago y Zona Occidental. Igualmente, ha garantizado el suministro de gas doméstico a la población.

En enero del presente año, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, instruyó la instalación de mesas de trabajo permanentes entre los alcaldes, gobernadores, protectores de estados y las comunidades para recibir inquietudes sobre la situación de los servicios y propuestas que permitan mejorar la calidad y sincerar el pago justo por la prestación de los servicios.

 


 

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