La malcriadez y la soberbia como forma de ejercer la política internacional ha caracterizado al gobierno de Donald Trump. Cual francotirador, apunta a cada Estado que no se ponga al servicio de sus anhelos. Dentro de las principales medidas, están las llamadas “medidas coercitivas unilaterales”, prohibidas en todos los acuerdos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que Estados Unidos como imperio pisotea permanentemente.
Venezuela ha sido víctima de estas acciones a partir del 8 de marzo de 2015, cuando el gobierno de Obama firmó la orden ejecutiva donde califica a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria”, invocando la Ley de Emergencia Internacional de Poderes Económicos y la Ley de Emergencia Nacional de Estados Unidos.
Escalada de sanciones contra Venezuela a raíz del decreto
31 de julio de 2017: sanciones económicas al presidente Maduro como “castigo” por no haber suspendido la convocatoria.
Octubre de 2017: el banco suizo UBS bloqueó el pago de recursos destinados a la compra de vacunas, lo que retrasó por cuatro meses los programas de vacunación. La banca internacional bloqueó el pago de 8 millones de euros destinados a la adquisición de insumos para diálisis, lo que afectó el tratamiento 15.000 pacientes de hemodiálisis.
Noviembre de 2017: un total de 23 operaciones financieras de Venezuela, destinadas a la compra de alimentos, insumos básicos y medicamentos por 39 millones de dólares, fueron devueltas por bancos internacionales.
Diciembre de 2017: se devolvieron operaciones desde bancos en Europa por 29,7 millones de dólares hacia diferentes proveedores, cuyo destino era el pago de alimentos a través del programa social de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Enero de 2018: 11 bonos de deuda venezolana y de Pdvsa, por un valor de 1.241 millones de dólares, no pudieron ser cancelados a sus acreedores .
Febrero de 2018: el Departamento del Tesoro de EE.UU., amplía las “sanciones” financieras a Venezuela y empresas venezolanas, al igual que impide la renegociación o reestructuración de deuda venezolana y de Pdvsa, emitida con anterioridad al 25 de agosto de 2017.
Marzo de 2018: la Administración Trump impuso 6 nuevas medidas coercitivas contra la criptomoneda el Petro.
Mayo de 2018: fueron bloqueados el pago de 9 millones de dólares destinados a la adquisición de insumos para diálisis, para el tratamiento de 15.000 pacientes de hemodiálisis. A su vez, el Gobierno colombiano bloquea el envío a Venezuela de 400.000 kilos de alimentos del programa CLAP.
Noviembre de 2018: EE.UU. prohíbe a los ciudadanos estadounidenses comerciar con oro exportado desde el país suramericano.
Enero de 2019: congelamiento de 7.000 millones de dólares en activos de la empresa filial Citgo, en adición a una pérdida estimada de 11.000 millones de dólares de sus exportaciones durante los próximos años.
El Banco de Inglaterra anunció la confiscación ilegal de 1.359 millones de dólares en oro de Venezuela, depositados en dicha institución bancaria.
Abril de 2019: el Departamento del Tesoro bloquea las operaciones del Banco Central de Venezuela (BCV), con el fin de evitar que por la vía del BCV se destinen los fondos para la compra de medicinas y alimentos necesarios para la protección social de la población.
Agosto de 2019: Trump ordenó bloquear los activos de los entes oficiales del Gobierno de Venezuela que estén en ese país.
Rusia en la mira: sanciones contra Rosfnet
El 18 de febrero de 2020, Estados Unidos aplica sanciones contra la petrolera Rusa Rosneft Trading S.A., por su “apoyo al gobierno de Nicolás Maduro”. Esta empresa es acusada de gestionar la venta y transporte de crudo venezolano, ayudando a evadir las sanciones aplicadas por Estados Unidos.
“Estados Unidos está decidido a prevenir el saqueo de la riqueza petrolera de Venezuela por el régimen corrupto de Maduro“, dijo en un comunicado el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven T. Mnuchin.
Durante los últimos años Rusia ha adquirido intereses estratégicos en Venezuela con la posibilidad de operar en los campos de crudo venezolano como empresa mixta junto al Estado venezolano en Petromonagas (40%), Petromiranda (32%), Petroperijá (40%), Boquerón (26,6%), Petrovictoria (40%) y Junín 6 (más del 30%).
“Rusia rechaza de manera categórica restricciones unilaterales con que EEUU, que busca alcanzar la hegemonía global (…) no pueden resistir a la competencia justa con los fabricantes rusos en el mercado internacional (…) ninguna sanción afectará la cooperación rusa con las autoridades legítimas de Venezuela, Siria e Irán”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso.
El bloqueo contra Venezuela afecta directamente al pueblo
Mientras la derecha sin Patria encabezada por Guaidó y Julio Borges, se encarga de gestionar y celebrar abiertamente cada sanción contra el Estado venezolano, las consecuencias afectan la cotidianidad del pueblo venezolano, puesto que van dirigidas a afectar los servicios básicos y limitar los accesos de Venezuela a medicamentos, insumos médicos y alimentos principalmente.
Venezuela denuncia bloqueo ante La Haya
El Gobierno de Venezuela denunció este jueves ante la Corte Penal Internacional (CPI) las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, viajó a hasta la ciudad de La Haya, en los Países Bajos, para exponer los crímenes de lesa humanidad perpetrados por EE.UU., al afectar asuntos vitales del pueblo venezolano, como el derecho a la alimentación, educación y salud.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe identificar, no sólo a los responsables de emitir estas medidas perversas en Washington, sino también a aquellos indolentes confesos que las solicitan y las celebran en Venezuela. La Justicia venezolana, hará la propio.
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) February 18, 2020
