La subasta de CITGO Petroleum, filial de Venezuela y confiscada por el gobierno de Estados Unidos, entró en su etapa final, lo que representa un momento crucial no solo para la nación sino también para el resto de países con inversiones en suelo estadounidense. A pesar de las protestas por parte del gobierno de Venezuela, el proceso judicial que conduciría a la venta forzada de Citgo está cada vez más cerca.
CITGO, que cuenta con refinerías en Texas, Luisiana y Pensilvania; además, de una extensa red de oleoductos y estaciones de servicio, es uno de los activos más valiosos de Venezuela en el exterior.
Para los expertos su pérdida representaría un duro golpe financiero, así como un acto simbólico de despojo, que reafirmaría los intereses de Washington de controlar los recursos venezolanos. Empresas como Vitol y Koch Industies, junto con otras corporaciones, han presentado sus ofertas millonarias, que superan los 8 mil millones de dólares.
El gobierno venezolano ha denunciado en reiteradas oportunidades este proceso, que para las autoridades está enmarcado en una estrategia política disfrazada de justicia legal.
Valor real
El valor real de CITGO ronda los 11 y 13 mil millones de dólares. Sin embargo, se estima que la subasta no supere los 8 mil millones de dólares en recaudación. Esta discrepancia sugiere un claro interés estratégico por parte de los compradores que va más allá del valor comercial inmediato de la filial venezolana.
Además, dicha subasta es vista como una nueva herramienta de presión, disfrazada como un litigio mercantil. Empresas como ConocoPhillips encabezan los reclamos multimillonarios, utilizando los tribunales estadounidenses para lo que el gobierno de Venezuela califica como una estrategia de expolio contra la nación sudamericana.
Despojo
Es importante destacar que, las bases “legales” para el despojo de CITGO se iniciaron en fallos en cortes estadounidenses que reconocieron al prófugo de la justicia venezolana Juan Guaidó como presidente interino en 2019. En esa oportunidad Guaidó intentó tomar el control de los activos venezolanos en el extranjero, incluida CITGO, y sus acciones recibieron el respaldo de la primera administración Trump, encabezada por el secretario de Estado, Mike Pompeo.
Pompeo, aprovechándose de sus funciones, transfirió ilegalmente el control total de la empresa a la autoproclamada “Junta directiva ad hoc” de la PDVSA “falsa” de Guaidó, lo que el gobierno de Venezuela denuncia como una abierta violación del derecho internacional.
Desde entonces, el gobierno del presidente legítimo, Nicolás Maduro, inició un sinfín de acciones legales para detener el “saqueo”. En 2021, presentó una demanda ante la Corte de Delaware para recuperar el control de CITGO. Incluso, denunció la ilegitimidad del “nombramiento” de la PDVSA “face”. Sin embargo, dichas acciones han sido sistemáticamente bloqueadas por los tribunales de EE.UU., que, según el gobierno venezolano, priorizan intereses corporativos y políticos sobre el derecho internacional.
