Reforma agraria en Perú: ¿Propuesta peligrosa?

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Con la promesa de establecer políticas y mecanismos que atiendan a los pequeños campesinos y trabajadores de la tierra, el presidente peruano, Pedro Castillo, anunció que si gobierno trabaja en la próxima reforma agraria en su país.

En tal sentido, manifestó que en los últimos años Perú entró en una etapa de abandono que empujó la economía a la dependencia de la importación, para obtener insumos agropecuarios y alimenticios. Al respecto expresó su determinación en cuanto a la nación supere ese modelo, en beneficio de los productores.

“Planteamos cambiar la forma de gobernar para que nuestro Estado se ponga al servicio de los agricultores familiares; relegados durante hace décadas, gobierno tras gobierno, y eso termina hoy”, señaló Castillo.

Acerca de su propuesta, Castillo aseveró que de ninguna manera se plantea que el gobierno despoje a los campesinos y productores agrícolas de sus tierras y espacios de trabajo; sin embargo, se ha generado gran expectativa y una campaña de ataque contra el proyecto legal.

“Algunos han entendido que la segunda reforma agraria es quitarles terreno, totalmente falso, hay que sacarnos eso de la cabeza; ni siquiera se ha pensado, no se va a hacer, sería absurdo que un gobierno lo hiciera, está descartado”, dijo el presidente del Perú.

¿Propuesta peligrosa?

Tras el triunfo de Castillo en las elecciones presidenciales del Perú, se activaron los señalamientos en torno a la “amenaza” que representa para los grupos hegemónicos peruanos, la llegada de un gobernante de izquierda. Por esa razón, la reforma agraria se ubica en el centro de las críticas opositoras.

De hecho, el anuncio del mandatario peruano despertó en en continente el recuerdo de lo que significó en Venezuela la reforma agraria que impulsó el comandante Hugo Chávez en el año 2000; luego de su victoria electoral en 1998.

En este caso, el proyecto bolivariano tuvo que enfrentar un proceso duro de resistencia y ataque desde la derecha nacional e internacional; el cual devino en un sabotaje petrolero con pérdidas multimillonarias para la nación y el golpe de Estado de abril de 2002; como las principales expresiones de oposición por parte de las oligarquías.

No obstante, el presidente Pedro Castillo aseveró que el objetivo de la nueva reforma agraria es garantizar acceso justo a los mercados para los productores del campo. Por ello, anunció la apertura de un “programa ambicioso de compras públicas de alimentos para la agricultura familiar”; para lo cual el gobierno invertirá alrededor de 72,5 millones de dólares en los próximos 12 meses.

 

 


 

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