Las redes sociales han servido como escenario para una lluvia de denuncias de malversación de fondos contra la rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Márquez (Arocha).
Profesores de la “casa que vence la sombra” han optado por hacer uso de la plataforma Twitter para hacer público su malestar y preocupación en medio de la pandemia por el covid-19
“El fondo es de los profesores no de ustedes”, “¿Dónde están los reales?”, “estamos cansados de la telenovela trágica de la prima de responsabilidad”, “renuncien ya, no están a la altura de la UCV”, son parte de los cuestionamientos que hacen por esta vía a la rectora, al secretario y vicerrector administrativo encargado, Amalio Belmonte; al vicerrector académico Nicolás Bianco, y otros miembros del actual equipo de trabajo.
Evidencias, no más cuentos. Exigimos rendición de cuentas de los recursos de un Fondo.que es de los profesores y para su seguridad social
¿Donde están los reales,?#CUAumentoSamhoiBonoYa— Victor Marquez Corao (@marquezcvm) May 13, 2020
Entre los trinos al respecto, destacan los emitidos por las propias autoridades del Consejo Universitario de la UCV, a saber, el representante profesoral principal ante esa instancia, Rómulo Orta, y el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad (APUCV), Víctor Márquez Corao.
ELECCIONES YA EN LA UCV.
El despótico TRIO RECTORAL de Cecilia, Bianco y Belmonte no aprueba aumentar cobertura del HCM de profesores UCV ni el bono humanitario. Ese Trio y decanos tienen secuestrado al Consejo Universitario de la UCV.#CUAumentoSamhoiBonoYa
— Rómulo Orta C. (@romorta) May 12, 2020
Desde el rectorado UCV
Ante las numerosas acusaciones, la rectora también se hizo presente en la red social, al calificar de “campaña difamatoria”, las denuncias del personal docente de la principal Universidad del país.
En una cadena de tuits explicó su posición de lo ocurrido y concluyó marcando distancia del problema, culpando al gobierno, diciendo que la propuesta habría sido remitida a la oficina de planificación del sector universitario, OPSU y estaba sujeta a la aprobación “se cancelará, una vez se cuente con la disponibilidad presupuestaria”.
Alertamos a los docentes sobre la difamatoria campaña en contra de la UCV, su CU y sus Autoridades, que desinformado la comunidad docente, por ello los exhortamos a acompañarnos en las exigencias reivindicativas que hemos realizado ante la OPSU en procura de salarios justos. pic.twitter.com/djqUHfUXsC
— Cecilia Garcia-Arocha (@GarciaArochaC) May 12, 2020
Como era de esperarse, la reacción de la rectora, lejos de calmar los ánimos, sirvió de tizón encendido para los reclamos de la comunidad universitaria, cansada como está de las respuestas evasivas de las autoridades.
— Rómulo Orta C. (@romorta) May 13, 2020
El fondo es del profesorado. Es hora de pedir las cabezas de Cecilia Arocha, Amalio Belmonte y Nicolás Bianco. Queremos respuesta inmediata a la solicitud realizada.#CUAumentoSamhoiBonoYa @garciaarochac@AmalioBelmonte@nbiancoucv@saezv
— Maria Cisneros (@MarulandaC) May 13, 2020
Profesores #UCV agobiados por la destrucción de sus salarios y expuestos por el rezago de la cobertura su HCM- Samhoi y las autoridades no responden a la solicitud refrendada por más de 1300 profesores. Exigimos respuestas. #CUAumentoSamhoiBonoYa
— Luis Crespo (@camberin) May 12, 2020
Fondo de Jubilaciones, seguro autoadministrado SAMHOI y primas para los profesores
La UCV es, por mandato legal, responsable de garantizar la seguridad social de todos sus trabajadores, y por tanto de los miembros del personal docente y de investigación. Esta responsabilidad está prevista en las disposiciones legales generales y en las atribuciones asignadas explícitamente por la vigente Ley de Universidades, conforme a sus artículos 102 y 114.
El 30 de junio de 2010 el Consejo Universitario, la Asociación de Profesores (APUCV) y Consejo de Profesores Universitarios Jubilados de la UCV (CPUJCV), decidieron disolver la Fundación Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de Investigación de la Universidad Central de Venezuela (FONJUCV), acordando que todos los bienes muebles e inmuebles serían cedidos en plena propiedad a la UCV y destinados única y exclusivamente a la seguridad social del profesorado de esta casa de estudios.
Exhortamos al cumplimiento estricto del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones de la UCV para la administración de los recursos del Fondo de jubilaciones, que son del profesorado, para su seguridad social. #CUAumentoSamhoiBonoYa cc @GarciaArochaC
— FAPUV (@FAPUV) May 13, 2020
Asimismo, al disolverse la Fundación Fondo ”permanece el Fondo de Jubilaciones en términos de recursos económicos para las pensiones y jubilaciones, lo único es que ahora no sólo tiene que ver con esta materia, sino con los aspectos de salud, recreación y todo lo que implica la seguridad social del profesorado”, declaró en febrero de 2014 Márquez Corao, según nota de prensa publicada en la web de la Universidad.
Conflicto de vieja y larga data
A principios de este año, el conflicto interno se hizo público con la renuncia del vicerrector administrativo Bernardo Méndez, quién consignó un extenso escrito con la lista de irregularidades que había observado en la universidad y que lo llevaban a renunciar.
Con relación al Fondo de Jubilaciones, el ex vicerrector informó en enero que “pese a que en 2015 el Consejo Universitario (CU) aprobó el informe de liquidación de la Fundación Fondo de Jubilaciones (FONJUCV), el rectorado contravino lo establecido, imponiendo la transferencia de activos y patrimonio en moneda extranjera, constituyéndose en un acto administrativo violatorio a las normas y procedimientos, agravado por el hecho de no haber presentado el punto con toda la información a la hora de la discusión en el Consejo Universitario”.
“El vicerrectorado administrativo no tuvo en ningún momento injerencia directa en las operaciones que se realizaron y realizan con las inversiones y disponibilidad en Moneda Extranjera. Desde el traspaso a la UCV, todos los procesos se realizaron directamente desde el Rectorado”, expuso Méndez.
Convenio UCV-IPP sobre SAMHOI
El Instituto de Previsión Social del Profesorado (IPP) de la UCV desde 1994 cuenta con el seguro autoadministrado (SAMHOI). Y es sobre dicho fondo y el pago de los siniestros, donde recae una de las principales denuncias de malversación de fondos. También en enero, Méndez denunciaba que se jugaba con la fluctuación del dólar para obtener recursos.
“Se tomó el monto en bolívares de los siniestros indemnizados en el período junio a octubre (ambos inclusive) y utilizando la paridad cambiaria al momento actual del dólar se reestimó el aporte en $US que correspondía a la UCV, dando como resultado que se publique ahora un comunicado de las autoridades donde se indica que no existe tal deuda y por el contrario los aportes de la UCV cubrirían los compromisos del Convenio hasta el mes de enero del 2020”.
“Debo enfatizar que la nueva metodología empleada por el equipo designado por la rectora para estimar el monto en dólares a indemnizar al IPP por los siniestros SAMHOI se basa en pagar deudas viejas, estimadas en bolívares, aplicando al cambio actual del dólar, lo que se traduce en una disminución de la deuda por la progresiva devaluación del bolívar”, acotó.
Denuncias en Asamblea Nacional Constituyente
Sobre el problema de fondo y más allá de la guerra de tuits en redes, RedRadio entrevistó de manera exclusiva al diputado Ricardo Sánchez presidente de la comisión de educación, ciencia y tecnología de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
- RedRadioVe (RRV): Fue noticia en enero de este año que la ANC recibió una denuncia de Bernardo Méndez ex vicerrector administrativo de la UCV, con más de 56 páginas narrando hechos de corrupción, legitimación de capitales, entre otros ¿Podría confirmar ese dato, y de ser cierto ¿en qué consistía la denuncia?, ¿cuál es el estado de la misma?
Ricardo Sánchez (RS): La comisión recibió la denuncia vía notitia criminis, es decir un hecho público, notorio y comunicacional, la misma se hizo pública en el seno del Consejo Universitario de la UCV, donde hay representantes del ministro, y del profesorado, quienes hicieron llegar a la comisión el caso, y a partir de allí la comisión en sesión plena estudió el documento que implica el manejo doloso de recursos de universidad, de la República, y la presunta comisión de hechos contemplados como delitos en la Ley Contra la Corrupción.
Desde esta comisión se remitió la denuncia a la de Controlaría, presidida por el constituyente Pedro Carreño y es esa instancia la que está procesándola.
- RRV: ¿En qué consiste la denuncia? ¿Es cierto que las afectaciones al patrimonio de la UCV superan los 18 millones de dólares?
RS: La denuncia expresa con detalles y respaldada por documentos manejos dolosos que incluso superan los 21 millones de dólares, tiene que ver con compras de inmuebles con sobreprecios, por ejemplo destaca el caso de un inmueble en Santa Mónica para el funcionamiento del Centro de Imagenología valorado alrededor de 800.000 dólares y terminó la universidad pagando casi 3.000.000 de dólares. Dentro de los hechos más escandalosos está la desviación de partidas, el tema de la seguridad social de los profesores porque los recursos no llegaron a ellos. Al respecto destaca la contratación, por adjudicación directa desde el rectorado, de una empresa para el seguro privado que tienen los profesores, donde la cobertura es mucho menor en términos de lo que ofrece el seguro a los profesores, pero la póliza es 4 y 5 veces más costosas.
- RRV: Después de esta denuncia pública que hizo la ANC han tenido comunicación formal con la rectora García Arocha, ¿algún documento que pueda compartir con nuestros lectores?
RS: Lamentablemente no, al recibir la denuncia la comisión fijó posición pública frente al país y hasta este momento no ha habido ninguna comunicación formal con la rectora de la UCV, entendiendo que hay tres instancias, dentro y fuera del seno universitario, para hacer el abordaje de estos casos. La instancia natural es el Consejo Universitario UCV y la propia dirección de contraloría de la universidad; la segunda es el Consejo Nacional de Universidades (CNU), le corresponderá a ese órgano y al ministro César Trómpiz evaluar y ponderar en pleno la situación; y la otra instancia, sin menoscabar las actuaciones de la Contraloría General de la República, es la comisión de contraloría de la ANC.
- RRV: Como egresado de esa casa de estudios, ante la usurpación de funciones por parte del rectorado, las denuncias de manejo doloso de fondos públicos ¿Cuál es su apreciación de los hechos?
RS: Este es un episodio muy triste para la universidad, los que comenzamos nuestra carrera de servicio público dentro de la universidad, en las luchas estudiantiles, jamás pensamos tener que dar una rueda de prensa y fijar posición pública por este tipo de hechos. Las víctimas son los estudiantes, los profesores, los obreros, el país. Es una situación bochornosa, cada vez que un estudiante universitario no recibe un beneficio por comedor, por becas, por transporte, debería preguntarse quiénes son los responsables, cada vez que un profesor universitario tiene problemas para hacer frente a una situación de salud, por una deficiente cobertura, por fondo de pensiones de retiro, debe preguntarse quiénes son los verdaderos responsables.
Sin embargo, estamos seguros que se están haciendo las investigaciones pertinentes y que la universidad saldrá fortalecida de esta bochornosa situación. Manifestamos nuestra solidaridad con la comunidad universitaria y nuestro compromiso de acompañar desde la comisión de educación, ciencia y tecnología de la ANC las actuaciones que ejecute el Consejo Nacional de Universidades y la comisión de contraloría.
Se pudo conocer que el fondo de jubilaciones de la UCV era de $18 millones 419 mil 179 dólares en 2018 y en la actualidad no se sabe qué ocurrió con ese patrimonio.
