En una región de acentuada tradición militarista, especialmente por las feroces dictaduras del cono Sur (años 70 y 80), con Augusto Pinochet a la cabeza como máximo referente negativo, cualquiera pudiera pensar que si el Ejército está en orden no hay nada que temer. Sin embargo, la experiencia reciente de Bolivia (2019) y algunos años antes en Ecuador (2010), demuestran que las fuerzas policiales al servicio de oscuros intereses, también pueden dar un golpe a los gobernantes democráticos.
Esta semana se han encendido las alarmas en Argentina, luego de varios días consecutivos de agitadas protestas del cuerpo policial de Buenos Aires. Estas manifestaciones alcanzaron un punto cumbre cuando grupos de efectivos, prácticamente cercaron la residencia del gobernador, Axel Kicillof. Y el miércoles 9 de septiembre un agente de la referida fuerza policial se trepó a una torre de 15 metros de altura amenazando con quitarse la vida. Todo en reclamo por las precarias condiciones de trabajo.
Por su espectacularidad, el evento captó rápidamente la atención mediática. Y en medio de la pandemia de covid-19 crecen las expectativas negativas. Sobre todo, con el “aderezo” especial de unas desafortunadas declaraciones del expresidente argentino, Eduardo Duhalde. El político aseguró a la prensa que hay un golpe de estado en marcha y que el actual ocupante de la Casa Rosada, Alberto Fernández, no completará su mandato.
¿Por qué reclaman?
Antes que nada, es oportuno conocer que la policía de Buenos Aires constituye la mayor fuerza de seguridad del país con una cifra de 90 mil agentes. Eso la diferencia del Ejército y de las policías federales. Este cuerpo policial le reporta directamente al gobernador bonaerense, Alex Kicillof, quien a su vez forma parte de El Frente de Todos, coalición de gobierno, encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
En el centro de la polémica hay una razón netamente económica. Y es que los oficiales han padecido una erosión de su poder adquisitivo de entre 30% y 34%. Semejante pérdida salarial se originó durante el denominado Macri-Vidalismo (Mauricio Macri, presidente y María Eugenia Vidal gobernadora). De acuerdo con estimaciones en 2016 perdieron 3% y en 2017 el 1%. Posteriormente, se registró una caída de 17 puntos en 2018 (producto de la devaluación, las políticas neoliberales y acercamiento al Fondo Monetario Internacional). Mientras que en 2019 el descenso fue de 11%.
Así que las razones del malestar, conforman un hecho objetivo por el deterioro cierto de las condiciones laborales. No obstante, existen otros elementos que llaman a la suspicacia. Tal como explica en exclusiva para Redradiove, el comunicador social argentino y militante de la Generación Patriótica, Walter Sosa. Este activista piensa que existen elementos que no se han aclarado suficientemente.
Razones políticas
“¿Por qué están haciendo hoy el paro y no lo hicieron durante los años donde perdieron más poder adquisitivo?, ¿Por qué se está haciendo un reclamo en el medio de una pandemia, con un distanciamiento físico y obligatorio que ya lleva 6 meses?” Se pregunta Sosa. Y al mismo tiempo ofrece una posible solución: “La respuesta es política, evidentemente hay un elemento político que hay que descifrar y analizar bien”, sostiene.
Para Sosa es indudable que hay factores de la política argentina que están jugando a la desestabilización para hacer la ciudad ingobernable. Los planes apuntan a los residuos del Macrismo, que estarían jugando a propiciar una pérdida de popularidad de El Frente de Todos de cara a las legislativas de 2021, con miras a retomar el poder presidencial en 2023.
De acuerdo con Sosa, Patricia Bullrich, ex ministra de seguridad del Macrismo, aparece como una de las caras visibles de esta estrategia política. Comienza así a romperse una suerte de tregua o pacto político, establecido entre gobierno y oposición para encarar la emergencia sanitaria derivada del covid-19.
Empresarios y halcones
Pero también el sector empresarial podría tener sus manos metidas en estas maniobras y, ¿cuándo no?, representantes de la inefable embajada de los Estados Unidos. Por el lado de los factores de poder económico, Sosa señala al grupo Clarín y al empresario Héctor Magnetto.
Acérrimos detractores de cualquier política de reivindicación social, este poderoso y monopólico grupo comunicacional ha manifestado su malestar, porque el gobierno de Alberto Fernández, vía decreto presidencial resolvió congelar las tarifas de internet, la telefonía fija y la televisión por cable, por considerar que se trata de servicios esenciales.
Indistintamente, de las fuerzas que intentan capitalizar esta situación para su propio beneficio, Sosa considera que los agentes de seguridad cometen un grave error. “Queremos policías formados en derechos humanos, en historia, en la defensa de la población. No supeditados a ciertos intereses. No se dan cuenta de lo que está pasando con la pandemia. Es un grave error contra la institucionalidad del país”, sostiene Sosa.
Escenario inimaginable
No obstante, a pesar de todos estos indicios, Sosa considera que aún no se puede hablar con todas las letras de un intento de golpe de Estado contra, Alberto Fernández. Para el activista argentino, ese sería un escenario inimaginable, porque los grupos civiles estarían completamente negados a esta opción.
En tal sentido recuerda que la férrea dictadura de su país en los años 70 contó con un componente civil de apoyo, cosa que ahora es impensable. “No creo que el argentino acepte un golpe de Estado, no lo creo. Tal vez te lo diga con tanta contundencia porque no me quiero imaginar un golpe de Estado, bajo ninguna circunstancia, ya sea cívico, militar, del establishment, de mercado, no quiero eso para mi país”.
Es de esperar que el análisis de Sosa esté en lo cierto. La gestión de Kicillof ha hecho concesiones contractuales para mejorar la calidad de vida la policía bonaerense. El mandatario regional ha dicho que si no ceden las presiones quedará claro que hay otras motivaciones detrás de la protesta.
De cualquier modo, la Argentina confronta serias dificultades que dibujan años difíciles en el horizonte político y económico de corto y mediano plazo. Especialmente, por los retos que deberá afrontar una economía debilitada, literalmente echada a los buitres por el macrismo neoliberal. Así como los desafíos que impondrá en todo el globo la denominada era post pandemia.
