El impacto de la pandemia del coronavirus en la vida cotidiana de los venezolanos, ha ocupado la totalidad de la atención del gobierno. A la emergencia que compromete al sistema de salud y todas las fuerzas de orden público, se le suman las fallas en el suministro de combustible, que pone en riesgo la movilidad de insumos, alimentos y personal de los sectores priorizados.
La situación es difícil de comprender para quienes solo saben que Venezuela es el país con mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con un posición geográfica privilegiada, una industria nacionalizada y clientes consolidados. Realidad que se ha disipado en los últimos 7 años en el que este país ha sido blanco de la más cruenta guerra económica por razones netamente políticas.
Impacto de las mal llamadas “sanciones”
La autoproclamación de Juan Guaidó en el 2019, funcionó como dinamo de la orden ejecutiva firmada en 2016 por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que tildó a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de ese país.
#VIDEO | Donald Trump, presidente estadounidense, sobre Juan Guaidó y sanciones a Venezuela: “Él es la persona que los venezolanos prefieren. Hoy impusimos nuevas sanciones fuertes, veremos qué pasa. Estamos vigilando Venezuela de cerca” #18Feb pic.twitter.com/2OLfcQzgyV
— Venepress (@venepress) February 19, 2020
La orden da basamentos a la decisión del actual presidente norteamericano Donald Trump, de presionar la salida por la fuerza de Nicolás Maduro a través de medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas “sanciones” y que han tenido como objetivo central a la industria petrolera, principal fuente ingresos del país suramericano.
La fórmula parece sencilla: se corta la posibilidad del gobierno de Venezuela de acceder a los recursos de la renta petrolera, afectando las condiciones de vida de los venezolanos para forzar un estallido social que justifique la salida del gobierno o una intervención militar extranjera.
¿Qué pasa con suministro de combustible?
La decisión de Trump de imponer “sanciones” a PDVSA, además de bloquear activos y bienes sujetos a la jurisdicción de EE.UU., en esencia es una prohibición de:
- Compra de crudo pesado venezolano por parte de empresas en EE.UU. y el mundo.
- Venta a Venezuela de petróleo ligero y componentes necesarios para diluir el crudo pesado y producir derivados, como la gasolina.
Venezuela: tras la noticia emanada del gobierno de EE.UU., nuestras conversaciones con la Casa Blanca y la importante reunión que se llevará adelante mañana en Lima, es necesario que todas las fuerzas democráticas consideremos los siguientes puntos:
— Juan Guaidó (@jguaido) August 6, 2019
El crudo venezolano por su viscosidad es uno de los más baratos del mundo y la mayor parte es exportada a los Estados Unidos para su refinación. La confiscación ilegal de la filial de PDVSA-CITGO, tercera refinería más grande de ese país, ubicada en el estado Texas, no sólo genera la pérdida de miles de millones de dólares al Estado, sino que impide la importación de combustibles y lubricantes procesados en esa refinería con crudo venezolano.
El fin justifica los medios
La élite opositora de Venezuela ha sido blanco de fuertes críticas en las últimas semanas, pues en pleno escenario de pandemia, han insistido en el recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales contra el gobierno, al que se le sumó recientemente un bloqueo naval.
Pido al diputado Juan Guaido, que tiene control de Citgo, que se ordene que esa refinería envíe gasolina a nuestro país. Esa empresa nuestra. Y que se ponga como prioridad los barrios de VENEZUELA.
— Leocenis García (@LeocenisOficial) April 13, 2020
Distintas fuentes argumentan que estas acciones no afectan a la población en general. La realidad dice lo contrario, las filas para el suministro del combustible existen y la dirigencia opositora parece regocijarse con ello.
La posibilidad de aliviar parte del problema está en manos Juan Guaidó quien dice tener el control político de la filial de PDVSA en territorio norteamericano y quien abiertamente ha decidido aprovechar la situación de emergencia para acercarse a su objetivo en Miraflores a costa del pueblo de Venezuela.
La respuesta de Maduro
Los embates del bloqueo en la industria petrolera, son evidentes y han llevado al gobierno de Maduro a buscar distintas vías de escape, como por ejemplo la importación de gasolina en los últimos meses debido a la falta de componentes para la refinación y producción de derivados y la puesta en marcha de un plan de suministro de combustibles a sectores prioritarios, tras el agravamiento de la situación por bloqueo naval disfrazado de lucha contra el narcotráfico, impuesto por la administración Trump.
NOTICIA ?
Pdte. @NicolasMaduro: A pesar de las sanciones vamos a aliviar el tema del combustible
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— PDVSA (@PDVSA) April 16, 2020
Por otro lado Nicolás Maduro propone soluciones estructurales, como la creación de la comisión interventora de PDVSA que lleva por nombre “Alí Rodríguez Araque” y tiene como objetivo la optimización de los procesos y la lucha contra la corrupción.
Acciones que unidas a una red de alianzas internacionales comienzan a dar frutos con el reimpulso de las operaciones de la refinería “El Palito”, ubicada en el estado Carabobo que promete aliviar la situación del suministro de combustible.
Una verdad incómoda
La argumentación de Donald Trump y los dirigentes de oposición venezolanos que aseguran que las medidas coercitivas contra PDVSA no impactan al pueblo sino al gobierno de Maduro, no es tan alocada como parece.
Al representar tendencias neoliberales, es normal que estos sectores asuman que la industria más importante del país funciona como caja chica de los voceros del gobierno.
Las sanciones son contra la dictadura de Nicolás Maduro, no contra los venezolanos.
¡Basta de robarse el dinero de los venezolanos! pic.twitter.com/eHq3DaTjjl
— Julio Borges (@JulioBorges) August 14, 2019
Lo que omiten estos sectores por conveniencia o ignorancia es que el Estado venezolano cambió esa correlación de fuerzas hace bastante rato cuando asumió la distribución de la renta petrolera en programas sociales a favor de las mayorías, por tanto cualquier ataque contra la principal fuente de ingresos del país, es un ataque contra el pueblo.
