Crystallex es una empresa canadiense que tuvo contratos con el Estado venezolano, antes y durante la presidencia de Hugo Chávez; contratos de operaciones sobre la mina “Las Cristinas”, una de las minas de oro más grandes de nuestro continente, que en ningún caso daba derecho legítimo, ni propiedad a la empresa, sobre la misma.
La decisión soberana de cese operaciones de Crystallex, obedeció a la norma constitucional de 1999, que otorga al Estado venezolano la potestad absoluta del resguardo y explotación de los recursos naturales; luego que entre el 2007 y 2009 el Ministerio del Ambiente, desconociera el plan ambiental presentado por la empresa, por atentar contra la naturaleza y poner en riesgo el bienestar de la poblaciones cercanas.
La demanda
En el año 2007, la empresa Crystallex introduce una demanda contra el Estado Venezolano, exigiendo el pago de una indemnización por más de $1000 millones, por daños ocasionados a la empresa.
En dicha querella, la empresa presenta el alegato del abogado venezolano José Ignacio Hernández, en el que manifiesta que “Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la República Bolivariana de Venezuela eran la misma entidad jurídica”, esto para dar pie al tribunal norteamericano a hacerse de los activos de la filial de PDVSA-CITGO, ubicada en su territorio y así saldar la supuesta deuda del Estado venezolano.
La filial PDVSA-CITGO, ilegal y arbitrariamente sufrió los embates del ataque financiero de la administración de Donald Trump y desde el 15 de marzo de 2019 pasó a manos del presidente autoproclamado Juan Guaidó.
José Ignacio Hernández
Es el abogado venezolano, que fungió como como testigo experto de la empresa Cristallex en el año (2017) ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el caso que pretende transferir los activos de la refinadora de petróleo venezolana en Estados Unidos a la compañía canadiense. El mismo que el 27 de febrero de 2019 sería nombrado ilegalmente como “procurador especial” por el auto proclamado presidente Guaidó, ejerciendo como juez y parte del conflicto, entorpeciendo la defensa oficial del Estado y colocando en riesgo el patrimonio de la nación en territorio estadounidense.
Paradoja
El caso que se viene llevando desde el año 2017, muestra una estrecha relación de los abogados defensores de la empresa canadiense con los partidos de oposición Voluntad Popular y Primero Justicia, quienes a demás de promover las medidas coercitivas unilaterales y el embargo de los bienes, estarían facilitando la entrega de lo que muchos denominan la «Joya de la corona», es decir la refinería de petróleo mas grande de Estados Unidos; indicando que la ayuda recibida por el gobierno de Trump, para desestabilizar Venezuela, es de todo menos desinteresada.
