Luego que difamaran al gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, el coordinador de exigibilidad de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, y el sacerdote jesuita Alfredo Infante, activista de DD. HH. del Centro Gumilla, se retractaron de sus acusaciones.
Durante una rueda de prensa, ambos voceros leyeron un comunicado en el que se retractaban públicamente de las acusaciones que hicieron contra Lacava, a quien señalaron como responsable de violencia policial.
«Nos retractamos públicamente de lo que se dijo en ese momento, no hubo interés de acusar propiamente al gobernador, empezando porque para eso existen instituciones del Estado», dijo el representante de Provea.
En ese sentido, tanto Provea como el Centro Gumilla aseguraron que supuestamente la intención no fue señalar o acusar a Lacava; como responsable directo ni indirecto de las ejecuciones extrajudiciales, que pudieran ocurrir en Carabobo.
Alegaron que el informe que hicieron en conjunto era «para investigar y establecer responsabilidades»; pero que no pretendían hacer señalamiento acusatorio contra el gobernador.
En momentos donde un amplio sector de la población aspira que en el país se pueda avanzar a través del diálogo, consideramos fundamental dar ejemplo de soluciones dialogadas que logren dar los mejores resultados.
Acuerdo conciliatorio con Rafael Lacava. https://t.co/gylsEWjLR8
— PROVEA (@_Provea) June 23, 2022
Por su parte, el abogado de ambos voceros Joel García detalló que se llevó a cabo una audiencia de conciliación, que se celebró el 22 de junio ante un juzgado en Carabobo.
En ella, ambas partes establecieron un cronograma de trabajo hasta el próximo 23 de agosto; en el que los representantes de Provea y Centro Gumilla se comprometieron a leer el comunicado y promocionarlo a través de sus redes sociales.
Asimismo, aseguraron que ambas ONG seguirán haciendo el monitoreo a escala nacional relacionado con la actuación de organismos policiales; incluyendo los de Carabobo, ya que el acuerdo conciliatorio no implica una prohibición en ese sentido.
Vale recordar, que en marzo pasado Rafael Lacava denunció al director de Provea y Centro Gumilla por «difamación agravada y continuada”.
La demanda surgió luego que Provea presentara su informe anual en el que exigían que se abriera una investigación formal contra Lacava; por su supuesta responsabilidad en las 132 ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía de Carabobo.
Según el informe de las ONG, la policía de Carabobo fue una de las más letales en el país durante el 2021; tras ocupar el segundo lugar en la lista con supuestas ejecuciones extrajudiciales.
