Un juez de la Corte Superior Nacional de Perú, dictó impedimento de salida del país, por 36 meses, contra la excandidata presidencial, Keiko Fujimori.
La medida también recae sobre su exesposo Mark Vito Villanella, Jaime Yoshiyama y otros 6 dirigentes del partido Fuerza Popular, quienes enfrentarán un juicio público por el presunto delito de lavado de activos.
#LOÚLTIMO Juez Víctor Zúñiga, titular del 4to Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Nacional, ordena impedimento de salida del país por 36 meses contra Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Mark Vito Villanella y otros, en investigación por lavado de activos. #CasoCócteles pic.twitter.com/uanp39sc5g
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) May 31, 2023
Además, el juez Víctor Zúñiga, titular del 4to Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Nacional, impuso una serie de reglas de conducta a Fujimori, Yoshiyama, Pier Figari, y Adriadna Tarazona, como la prohibición de no cambiar de domicilio fiscal sin previa autorización judicial, no comunicarse con sus coimputados, testigos o peritos; entre otras medidas
Asimismo, Zúñiga impuso una caución económica a Vicente Silva Checa de 20 mil soles; Ana Herz de 15 mil; José Chlimper de 40 mil y Mark Vito Villanella de 10 mil soles.
Control biométrico
Por su parte, la Fiscalía logró que la excongresista y el resto de los imputados comparezcan cada 30 días al registro de control biométrico para registrar su huella e informar al juzgado de sus actividades.
Esta serie de medidas busca garantizar la presencia de Keiko Fujimori y sus principales colaboradores en la fase final del proceso.
A pesar de las sospechas que pesan sobre Fujimori y sus colaboradores, el juez Zúñiga denegó la demanda del Ministerio Público de imponer vigilancia judicial al Partido Fuerza Popular, por los próximos 3 años.
Es importante destacar que, la hija del expresidente peruano, Alberto Fujimori, quien cumple condena por homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves; enfrenta una posible sentencia de 30 años de prisión por presuntos aportes ilícitos en sus campañas electorales.
