El procurador general de Perú, Daniel Soria, denunció al presidente Pedro Castillo ante la Fiscalía de la nación, por un supuesto caso de corrupción; en el que lo acusa de haber favorecido a una empresa para obtener una concesión de obras públicas.
Soria presentó un documento ante fiscal general, fiscal general Zoraida Ávalos, para denunciar que el presidente peruano Pedro Castillo; supuestamente cometió delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
El documento pide que una vez abierta la investigación contra el presidente Pedro Castillo no se suspenda; tras alegar que la Constitución no prohíbe investigar a un mandatario en funciones, sino juzgarlo.
La denuncia hace referencia a la empresa Terimex, representada por Karelim López; que logró la adjudicación de la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga.
Para el procurador, hay sospechas de que el mandatario estaría inmerso en la conducta de “tráfico de influencias”, debido que se llevaron reuniones previas a la adjudicación en el Palacio de Gobierno y en na casa que usó durante la campaña electoral.
? #NotaDePrensaPGE | Urgente: Procurador General del Estado denuncia ante la Fiscal de la Nación al Presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones.
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En ese sentido, el funcionario pidió información sobre los asistentes a esas reuniones, pero el secretario presidencial de ese momento; Bruno Pacheco, señaló que no tenía los registro sobre esos encuentros.
Bruno Pacheco era uno de los colaboradores más cercanos de Castillo, sin embargo, renunció a su cargo después de varias denuncias de algunos medios que lo vincularon a actos de corrupción; entre ellos favorecer empresas que ganaron contratos con el Estado y por supuestamente presionar para que ascendieran a militares en las Fuerzas Armadas.
Como parte de la investigación por favorecer a la empresa para una obra pública, este viernes la fiscal anticorrupción de Perú Karla Zecenarro allanó la casa de Pacheco y la empresaria Karelim López.
El abogado de López, César Nakazaki explicó que era razonable que se ordenara un allanamiento en la casa de la empresaria en el distrito de Breña, dado que ya tiene una orden de impedimento de salida del país.
La Fiscalía emitió órdenes de prohibición de salida del país por 8 meses, tanto al exsecretario de Gobierno como a la empresaria.
