Según la Declaración Universal de Derechos Humanos y la carta fundacional de las Naciones Unidas todas las personas y Estados son iguales. En teoría, frente a la Ley y el Derecho Internacional no deberían existir las preferencias, ni odiosas distinciones sin base.
Esa fue la promesa central del nuevo sistema internacional, surgido después de la Postguerra (1948). Sin embargo, para nada ha sido así. En el mundo bipolar de la «guerra fría», de fuerte confrontación ideológica-política, EE.UU. se arrogó potestades que lo colocaron ante la escena global como un país con súper poderes.
Guerra al comunismo
Basados en su supremacía militar, EE.UU. utilizó la guerra al comunismo como pretexto para clasificar, sancionar y condenar a todas aquellas naciones que se salieran de la horma considerada por Occidente como políticamente correcta. Es decir: libre mercado, democracias representativas, división de poderes y medios de comunicación «libres e independientes», entre otras.
Un patrón que en el papel simbolizaba el progreso y la modernidad, pero que en los hechos ha demostrado carencias, ineficiencias e inmoralidades en cantidad. Sin embargo, toda aquella nación que se ha salido del molde, por razones culturales, de soberanía o de un reparto más equitativo de las riquezas, ha sido condenada, perseguida y sancionada sin tregua.
Tras la caída del Muro de Berlín y la separación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Los «súper poderes» de Estados Unidos se han acrecentado, sólo que ahora el pretexto base no es el comunismo, sino el «terrorismo», «la lucha al narcotráfico» o «las violaciones a los Derechos Humanos».
«Malos y sancionados»
En la actualidad, Los Estados Unidos mantienen bloqueo o sanciones contra unos 19 países en el mundo. El grupo de los «malos sancionados» lo encabezan: Corea del Norte, Cuba, Irán, Irak, Yemen, Siria, Libia, Rusia, Belarús, Yugoslavia, Birmania, Zimbabue, la República Democrática del Congo, Sudán, Somalía, Costa de Marfil, Líbano, Ucrania y por supuesto, más recientemente Venezuela.
Cada caso tiene sus especificidades. Pero la narrativa elaborada para justificar las agresiones, casi siempre está asociada a la construcción de posverdades de alto poder simbólico. Así por ejemplo Yemen, un país sometido a la hambruna por el cerco pavoroso de una tiranía despiadada, es objeto de «sanciones». Pero su agresor, una monarquía tiránica y violadora de Derechos Humanos como Arabia Saudita, no levanta siquiera sospechas.
No obstante, jurídicamente estas sanciones son completamente ilegales. No responden a ninguna lógica normativa. Como no sea la discrecionalidad de los ocupantes de turno de la Casa Blanca. Moralmente tampoco tienen ninguna cabida en el mundo Occidental que se proclama supuestamente defensor de los Derechos Humanos. Y económicamente son una verguenza, lejos de aupar la libre competencia, estas sanciones destruyen el comercio y la producción, para el beneficio selecto de élites globalizadas.
El garrote sin zanahoria
Si no hay una base jurídica, que justifique estas agresiones. Solo queda una respuesta: el poderío militar de los EE.UU. De manera, que por la vía de las sanciones se ejerce una verdadera tiranía contra todo aquel país o pueblo que no se pliegue a Washington.
Este sistema de opresión mundial tiene a su vez un correlato en el plano de los símbolos, naturalizando la violencia de esta nación y presentándole como un país predestinado por la voluntad de Dios para lanzar bombas atómicas y ejercer el gobierno del mundo.
De manera, que una legislación que sirva de base a estos despropósitos no existe. Pero los halcones de todos los tiempos se las han ingeniado para presentar estos atropellos como algo legal.
En el caso de Cuba uno de los soportes para justificar un bloqueo criminal de más de 6 décadas es la vetusta Ley de Comercio contra el Enemigo de 1917. A partir de esa norma legal el Congreso de ese país ha creado un entramado de disposiciones legales para asfixiar a la mayor de la Antillas. Las sanciones han generado pérdidas en las isla valoradas en US$ 922.630 millones. Todo un crimen.
Amenaza inusual y extraordinaria
En el resto de los países la mayoría de las «sanciones» provienen de resoluciones emanadas del poder Ejecutivo estadounidense, contra Estados catalogados como una amenaza para la estabilidad y la seguridad del gigante del Norte.
Es así como en Venezuela, tras el decreto del ex presidente Barack Obama del 8 de marzo de 2015, se ha convertido en una «amenaza inusual y extraordinaria» para EE.UU. Se inició de este modo una escalada de presiones, que buscan por todos los medios el colapso económico, político y social de la patria.
A la fecha se contabilizan más de 300 medidas, entre Órdenes Ejecutivas y designaciones en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
No obstante, a partir de 2019 comenzó un nuevo ciclo del bloqueo. Con la estrategia de implantar un gobierno títere se ha autorizado al autoproclamado, Juan Guaidó, para vaciar al país de los recursos financieros y petroleros que lo sostienen.
En paralelo al golpe de Estado, estas continuas órdenes ejecutivas se han convertido en la llave para confiscar ilegalmente todos los activos (financieros y energéticos) del país. Ha sido una persecución y un saqueo abiertos.
Puñalada al corazón
En los hechos las sanciones han sido un ataque quirúrgico contra el corazón financiero de la República. Ensañandose contra la base económica: PDVSA y el Banco Central de Venezuela. Estas acciones punitivas han implicado el embargo de las exportaciones petroleras, en un país donde 97% de los ingresos de la nación dependía de esa fuente.
Asimismo, se ha concretado la confiscación ilegal de nuestras reservas en oro en el Banco de Inglaterra, así como la prohibición del uso de cuentas bancarias para importar medicamentos, comida y ejecutar así los diversos programas de protección social.
En el plano financiero, Venezuela se ha visto imposibilitada de acudir a gestionar recursos en la banca internacional, renegociar su deuda externa o diseñar nuevos instrumentos de pago. Mientras que en el plano de la producción es cada vez más difícil importar insumos base o repuestos para diversas actividades, que van desde la fabricación de combustible, hasta la generación de alimentos.
Sufre el pueblo
El discurso mediático sostiene que estas sanciones sólo afectan a la cúpula del alto gobierno. Sin embargo tras casi 5 años de persecución, el pueblo ha soportado los embates de esta acción agresiva en carne propia. Largas colas para echar combustible, angustia para conseguir medicamento y alimentos y en general caotización de la vida cotidiana, son los «logros» del bloqueo.
Los efectos devastadores están registrados en diversos documentos. Un informe presentado por Alfred-Maurice de Zayas, experto independiente de las Naciones Unidas (ONU), de septiembre de 2018, determinó que las medidas punitivas «además de obstruir el acceso al financiamiento externo y los pagos internacionales, han afectado el funcionamiento normal del aparato productivo nacional, creando una reducción de la oferta de bienes y servicios locales«.
El experto detalló que los «efectos de las <<sanciones>> de Obama y Trump, como las medidas unilaterales por parte de Canadá y la Unión Europea, han agravado directa e indirectamente la escasez de medicamentos como la insulina y los antirretrovirales. Lo que ha ocasionado demoras en su distribución y ocasionado agravantes en numerosos casos de muerte”. A juicio de de Zayas, se han consumado de “crímenes de lesa humanidad” a la luz del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
En la misma línea, el economista norteamericano Mark Weisbrot ha reseñado que sólo entre los años 2017 y 2018, 40 mil personas fallecieron a causa del bloqueo estadounidense.
Pérdidas mil millonarias
Por otro lado como el bloqueo ha sido sistemático y sostenido, ha causado una verdadera hemorragia de fondos públicos. El activista político y economista, Jesús Faría, ha denunciado que estas medidas coercitivas y unilaterales han generado pérdidas estimadas en más de 100 mil millones de dólares. Un cifra suficiente para que el país viva holgadamente por al menos 5 años.
No obstante, el gobierno nacional ha realizado esfuerzos sobrehumanos. Esto para garantizar la distribución de las cajas CLAP. Igualmente, para lograr la compra de medicamentos y test de prueba, ahora en medio de la pandemia de covid-19.
Por ello este martes 29 de septiembre se introduce ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) una propuesta Ley especial Constitucional Antibloqueo, para luchar contra esta arbitrariedad del régimen norteamericano. También se ha abierto una encuesta pública para que el pueblo exprese su opinión.
¿Por qué EE.UU. bloquea a otros países? para satisfacer sus insaciables intereses económicos, ¿Cuál es la base jurídica? la arrogancia de creerse un pueblo ungido por Dios para bloquear y gobernar al mundo.
