La prensa internacional difundió que el nuevo director general de la Policía Federal (PF) de Brasil, Andrei Passos, afirmó que la institución está dispuesta hoy a investigar cualquier delito cometido durante el gobierno del derrotado mandatario Jair Bolsonaro.
La trayectoria de la PF es esa: «investigar, y seguirá así. Hubo una serie de actos cometidos que son crímenes, y ellos necesitan ser aclarados»; señaló Passos a la columna Panel, del diario Folha de Sao Paulo. Además, aclaró que «lo que sea crimen será investigado, sea de quien sea», advirtió.
«Si hubo una falla, si hubo una omisión, si hubo algún problema, nos vamos a evaluar a partir de ahora»; remarcó y resaltó que aún analiza pesquisas en curso y si hay necesidad se abrirán otras.
La víspera, el Grupo Prerrogativas, formado por juristas y abogados, comunicó que se unirá al movimiento «sin amnistía»; con el fin de responsabilizar a Bolsonaro por posibles crímenes cometidos en el ejercicio de la Presidencia, entre 2019 y 2022. En especial durante el período de la pandemia de Covid-19.
Por el momento, el viaje del exmilitar a Estados Unidos lo aparta de cualquier peligro legal en el gigante suramericano.
Expertos aseguran que el futuro del político ultraconservador podría estar en manos del ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF); y quien tuvo fuertes roces con el excapitán del Ejército.
Consecuencias
A partir del 1 de enero, Bolsonaro, vencido en urnas el 30 de octubre por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, perdió el llamado foro privilegiado y puede ser imputado por cualquier delito. Con ese quebranto podría sentarse en el banquillo de los acusados como sujeto ordinario por algunas acciones en trámites en el STF. Entendidos aseguran que el exgobernante quedó sin ese beneficio especial por prerrogativa de función, más conocido como foro privilegiado.
Detallan que la protección de la cual gozó hasta ahora está destinada a la función, no a la persona. Por lo tanto, tras llegar el final de su desgastado mandato, juzgarán al fracasado ocupante del Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
Bolsonaro perdió además la asistencia jurídica de la Abogacía General de la Unión, responsable de la defensa del Ejecutivo, así como la rapidez y diligencia de la Fiscalía General, catedrática en el archivo de denuncias.
Teniendo en cuenta futuras complicaciones legales, el exmandatario se refugió en el silencio desde el descalabro electivo. Solo en un mensaje, con lágrimas en los ojos, antes de partir a vacacionar a la nación norteña, reconoció que trabajó «para encontrar alternativas», luego de las votaciones, pero sin éxito.
Agencias.
