Eléctricas como Iberdrola y Endesa, y entidades bancarias como el BBVA o el Banco Santander, han contribuido a financiar el encuentro internacional que se inicia este lunes 2 de diciembre a Madrid, con unas aportaciones sobre las cuales podrán aplicar importantes deducciones fiscales. Estas cuatro compañías del Ibex-35 han impulsado o han otorgado crédito en todo el mundo a varias presas y plantas de producción que han levantado protestas por los impactos que generan en el entorno natural y a las poblaciones locales.
A golpe de Real Decreto, este lunes arranca la Cumbre del Clima a Madrid (COP25). Después de la decisión de trasladar el acontecimiento de Chile al Estado español, todo ha tenido que ”agilizarse”. Y para hacerlo, el Gobierno español ha adoptado “de manera inmediata las medidas necesarias para que el operativo se despliegue de manera ágil y efectiva”. Básicamente, el real decreto ley aprobado el 11 de noviembre por el ejecutivo permite acelerar los procedimientos de contratación a través de la reducción de algunos plazos previstos y el conjunto de incentivos fiscales aplicables para los patrocinadores del acontecimiento que, de momento, beneficiarían a empresas como Endesa, Iberdrola, BBVA o Banco Santander. Al menos estas cuatro representantes del Ibex-35, después de recibir la petición explícita del Gobierno español, invertirán en la COP25, y podrán aplicarse una deducción de hasta el 90% en su aportación económica.
Una parte pues del coste total de la Cumbre, cifrado en 60 millones de euros por el Gobierno español, lo cubrirán algunas de las grandes empresas españolas. Endesa, una de las principales eléctricas, ha confirmado que, como patrocinador en la categoría Diamante, colaborará con dos millones de euros, parece ser que igual que Iberdrola, que no ha contestado a la petición de la Directa sobre la cantidad. Ambas se encuentran entre las diez empresas que más gases de efecto invernadero emitieron en 2018, según un informe del Observatorio de la Sostenibilidad. El ranking de contaminantes lo encabeza Endesa con 30 millones de toneladas e Iberdrola se encuentra en octava posición con 3,3 millones.
Además de Endesa e Iberdrola, también contribuirán a hacer posible la Cumbre dos de los bancos españoles más importantes: el BBVA y el Banco Santander. Carlos Torres Vila, como presidente del primero, intervendrá en una mesa redonda bajo el título “New Climate Leadership” y la entidad, que ha declinado facilitar la cantidad que aporta, también patrocina un menú sostenible, elaborado por los restauradores Germans Roca, que se ofrecerá a jefes de estado y gobierno asistentes al encuentro.
En los últimos años, las dos eléctricas y las dos entidades bancarias han protagonizado varios conflictos socioecológicos, especialmente en el cono Sudamericano. A través de su filial brasileña Neoenergia, Iberdrola ha inaugurado recientemente la sexta megapresa en el río Paraná. Se trata de la central hidroeléctrica del Bajo Iguaçu, en el Brasil, que, además de afectar al caudal fluvial, no ha llevado a cabo ninguna consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas, tal como establece la ONU, y a la vez ha generado desplazamientos de población. El 2016, durante el desarrollo de la presa, familias damnificadas acamparon en la entrada principal de acceso a la obra y fueron duramente desalojadas. Además de Baixo Iguaçu, la eléctrica tiene otros proyectos en el Brasil, por ejemplo, es copropietaria de Belo Monte, el segundo embalse más grande del país y que también ha provocado desplazamientos de pueblas indígenas.
La otra grande eléctrica que financiará la COP25, Endesa, además de haber sido sancionada por incumplir la Ley catalana contra la pobreza energética, es la responsable de varios desplazamientos de comunidades indígenas para construir presas en Chile, así como de la ampliación de una central termoeléctrica de carbón, el combustible más contaminante. De hecho, Endesa ya ha anunciado el fin del carbón, que más allá de su impacto ambiental, ha estado también manchado de sangre: Enel, matriz de Endesa, reconoció en una junta de accionistas que, entre el 2010 y 2017, importó carbón de Colombia, concretamente de Drummond y Prodeco, dos empresas acusadas de utilizar paramilitares contra las comunidades mineras.
Créditos ‘tóxicos’
Los megaproyectos en todo el mundo son posibles gracias a varias líneas de financiación, a menudo provenientes de bancos europeos, como el BBVA o el Banco Santander. Además de ser protagonista de muchos desahucios en el Estado español (ahora, de la mano de Cerberus, el fondo de inversión estadounidense a quién vendió el 80% del brazo inmobiliario Divarian), el BBVA es uno de los principales financiadores del megaproyecto de Ilisu, en el Kurdistán, que pretende ser la segunda presa mayor de Turquía y la primera sobre el río Tigris. El Movimiento de Ecología de Mesopotamia denuncia que el proyecto inundará aproximadamente unos 200 pueblos y aldeas, además de la ciudad histórica de Hasankeyf, donde actualmente viven más de siete mil personas, con una población de mayoría kurda. Se calcula que unas tres mil familias nómadas que habitan la zona se verán afectadas.
Otro foco de conflicto es el megaproyecto Hidroituango, que incluye una presa de 225 metros de altura, un embalse de 79 kilómetros de largo y más de 20 millones de metros cúbicos de capacidad, en el departamento colombiano de Antioquía. En este caso, BBVA y Santander van de la mano con una línea de crédito. El 2018, más de 13.000 personas fueron evacuadas de forma preventiva ante el riesgo de una ruptura de la presa.
En el territorio afectado, varias asociaciones agrupadas dentro del movimiento ‘Ríos Vivos’ denuncian y luchan contra un proyecto que consideran “inviable social, ambientalmente y estructuralmente”. El megaproyecto antes de las evacuaciones preventivas, había provocado debe desalojos forzados y la pérdida de los medios de vida de más de 5000 familias de la zona.
Telefónica también contribuye a la Cumbre como partner tecnológica, proporcionando la conectividad fija y móvil durante el acontecimiento, así como los servicios técnicos y la ciberseguridad. La multinacional de telecomunicaciones, en la década de los 90, participó activamente en los procesos de privatización de las operadoras de telecomunicaciones en Sur América y ha sido denunciada en varios países, como Chile o Colombia, por prácticas de “persecución sindical”, tal como ha recogido el Observatorio de Multinacionales en la América Latina (OMAL).
