Para evitar la escalada de la crisis popular y política, la directiva del Congreso de Guatemala decidió en la madrugada suspender el proyecto de ley; una maniobra que no se sabe si fue deliberada o casual; ya que fue precisamente en la madrugada cuando sancionaron el presupuesto que empezó la indignación en las calles.
El jefe del parlamento, Allan Rodríguez, expresó que lo hicieron así para “mantener la gobernabilidad del país”; y al mismo tiempo se pronunció sobre las manifestaciones diciendo que “Lamentamos y condenamos enérgicamente los actos terroristas desarrollados durante la protesta en contra de las instalaciones del Palacio Legislativo”.
La calificación que hace el Congreso de Guatemala a la protesta social como acciones de desestabilización es similar a la que plantea el gobierno de Giammattei en su invocación a la Carta Democrática de la OEA y aseguran que estas no le dejan más alternativa a las autoridades que recurrir a la comunidad internacional.
La Carta Democrática
El gobierno de Guatemala invocó este domingo la Carta Democrática de la OEA con motivo de los disturbios internos desencadenados por la aprobación del presupuesto del próximo año.
De acuerdo a la petición guatemalteca de activar dicho recurso, afirman que “los actos de violencia que coordinadamente han alterado la paz pública ponen en grave riesgo la institucionalidad democrática; así como el legítimo ejercicio del poder por parte de las autoridades democráticamente elegidas”.
Según las autoridades locales, las manifestaciones violentas que este fin de semana quemaron parte de la sede del congreso, las estarían usando como “un medio a través del cual grupos minoritarios buscan forzar un verdadero golpe de Estado”.
¿Cómo comenzó esto?
La crisis en Guatemala comenzó por la aprobación en horas de la madrugada del presupuesto de 2021; el cual contemplaría un incremento sustancial de una deuda pública histórica al contraer 2 préstamos millonarios.
Adicionalmente que se aumenta la deuda pública, se redujo drásticamente la inversión destinada para los derechos esenciales de salud, educación; así como también en la protección social de un país donde más de la mitad de habitantes vive bajo el umbral de la pobreza.
Las protestas sociales contra el presupuesto empezaron el miércoles de la semana pasada. Incluso provocaron la discordia del presidente Giammattei con su vicepresidente, quien le habría pedido la renuncia por el caso del presupuesto.
