¡No más especulación! Ordenan a Farmarket bajar precios de alimentos y medicinas

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Este viernes fiscales de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) ajustaron los precios de alimentos y medicinas en la cadena de farmacias Farmarket.

Farmarket estaba incurriendo en  delitos de incumplimiento de Formalidades (artículo 46) y Especulación (artículo 49). Ambos están tipificados en la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ) como delitos socioeconómicos que afectan al pueblo.

Durante el abordaje, los funcionarios descubrieron que la cadena percibe márgenes de ganancias en medicinas y productos de higiene y aseo personal por encima del establecido en la LOPJ.

Asimismo, detectaron incumplimiento del Precio Máximo de Venta al Público (PMVP), en rubros priorizados, así como también falta de habladores en 50 por ciento de la mercancía exhibida.

Pandemia y guerra económica

Venezuela enfrenta la pandemia mundial de la covid-19 en medio de una cruel guerra económica impuesta por el Gobierno de Estados Unidos. Esa guerra consiste, entre otras cosas, en el bloqueo de recursos del Estado venezolano en cuentas estadounidenses. Asimismo, en la imposición de restricciones ara la compra y venta de productos y bienes esenciales para la población, violando el derecho al libre comercio de las naciones.

Esa realidad se conjuga a lo interno con la especulación y el marcaje de precios muy por encima de lo racional y legalmente establecido. Ello origina que el salario mensual se devalúe y resulte insuficiente para la compra de alimentos, medicinas y otros productos elementales para la cotidianidad. Esto ha afectado el poder adquisitivo de los venezolanos, muy a pesar de que el Gobierno ha aumentado religiosamente el salario mínimo mensual y asigna bonos complementarios a través del Sistema Patria.

Sundde

La Sundde tiene como principal objetivo proteger los derechos individuales, colectivos y difusos del pueblo venezolano de los delitos socioeconómicos tipificados en la Ley Orgánica de Precios Justos. Esto es garantizar defensa de los derechos socioeconómicos y especialmente la protección del ingreso de las familias venezolanas, mediante la regulación y supervisión de los costos y precios de bienes y servicios.

Es por ello que la superintendencia debe hacer fiscalizaciones e inspecciones permanentes para lo cual puede o no solicitar el acompañamiento de efectivos de seguridad del Estado, tal como se establece en la ley. También tiene entre sus atribuciones notificar ante el Ministerio Público sobre las presunciones de ilícitos cometidos por los sujetos de aplicación y que ameriten procesamiento penal.

 

 


 

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