Migrantes venezolanos son reclutados por paramilitares en Colombia

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El director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, aseguró que migrantes venezolanos en Colombia son víctimas de reclutamiento forzado por grupos paramilitares, violación de derechos humanos y desapariciones forzosas. Cañizares afirma al mismo tiempo que muchos de estos connacionales, antes de atravesar la frontera compartida, ignoran estos riesgos.

Informe revela la verdad

Un estudio realizado por esta fundación demuestra el manejo manipulado de un discurso que pretende demostrar cómo la problemática fronteriza entre ambos países ha sido consecuencia del desplazamiento de venezolanos y venezolanas migrantes.

Al contrario, varios elementos históricos prueban que esta realidad existe desde hace varias décadas y más bien Venezuela es víctima de larga la guerra en Colombia.

Según Cañizares, “la guerrilla del ELN usa de manera ilegal el territorio venezolano desde principios de la década del ochenta. Algunos años después ya realizaba operaciones militares, como el ataque  en el estado Apure en contra de una patrulla de la PTJ. Para los noventa las FARC-EP, controlaba el alto Catatumbo y en consecuencia un vasto territorio fronterizo”.

Por otra parte, el contrabando que es medio de subsistencia de familias a ambos lados de la frontera y que “se remonta al siglo XVIII”.

Acerca del narcotráfico, revela que en la década de los 90 el llamado cartel del Norte de Valle “comienza a utilizar no solo el territorio venezolano, sino también su infraestructura portuaria para sacar la cocaína a Estados Unidos”, a través de operaciones que se hacían públicas con las capturas de Justo Pastor Perafán en 1997 y de Wilber Varela en 2008, responsable de formar el primer grupo de para militares de Los Rastrojos.

Por otra parte señala el negocio de cultivo de coca de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el Catatumbo, que tenía como intención “preparar una estructura paramilitar para operar en Venezuela”.

“Ahí está entre otros, el testimonio de Giovanny Velásquez Zambrano alias Mina, en donde relata las reuniones realizadas en Cúcuta, por miembros de la oposición venezolana con paramilitares del bloque Catatumbo, para coordinar el asesinato del presidente, en ese momento, Hugo Chávez Frías”, plantea Cañizares.

Mapeo

El Observatorio de derechos humanos y violencia social y política de la Fundación Progresar, ha logrado mapear “la presencia de 12 estructuras armadas organizadas, 22 actividades de contrabando de las cuales el 50% pertenecen al gran contrabando y 114 pasos ilegales puestos al servicio de actividades como el tráfico ilícito de migrantes, redes de trata de personas y el contrabando al menudeo, que generan unos escenarios de alto riesgo no solo para los migrantes venezolanos, sino también para los colombianos que aún utilizan estas rutas como una opción de ingresar a Venezuela”.

Según esta investigación, en esta frontera se han presentado “violaciones a los derechos humanos que sufren tanto colombianos como venezolanos que habitan el territorio fronterizo y la población migrante, que son víctimas de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados masivos, reclutamiento forzado, vinculación a redes de tráfico de narcóticos y de personas, entre otros, como lo muestran las cifras a junio del 2020: han sido asesinados 24 ciudadanos venezolanos y 7 han sido desaparecidos de manera forzada”.

A pesar de esta realidad, el gobierno colombiano pretende responsabilizar a Venezuela de una situación de violencia histórica que lamentablemente persiste en Colombia a partir del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.

Aun cuando la élite gobernante han manifestado voluntad de avanzar hacia el cumplimiento de los acuerdos de paz, la realidad devela el asesinato sistemático de líderes sociales que pudieran representar una alternativa democrática para cambiar el rumbo de lamentable miseria y violencia que persiste en el país hermano.

 


 

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