Una acción bastante sospecha, por no decir desesperada, ordenó la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a sus trabajadores.
Un correo electrónico interno, con fecha del 11 de marzo, se filtró. En el mismo, la secretaria interina del organismo, Erica Carr, exigió a su personal en Washington realizar una destrucción masiva de documentos clasificados.
En el emails, Carr explica cómo destruir con trituradoras y quemar en bolsas cualquier historial de documentos denominados «cajas fuertes clasificadas y documentos de personal del RRB», que comprometa al ente estadounidense.
“Triture tantos documentos como sea necesario primero y reserve las bolsas para quemar cuando la trituradora no esté disponible o necesite un descanso”, escribió Carr.
Asimismo, recomendó a los trabajadores, a quienes agradeció de antemano por su «ayuda», no llenar en exceso las bolsas para quemar y «asegurarse de que la bolsa para quemar se pueda cerrar con grapas en la parte superior».
Además, la secretaria interina, pidió a los trabajadores que la única etiqueta que podían llevar las bosas era la palabra «SECRET y USAID/(B/ICh en sharpie oscuro si es posible».
Por último, dijo a los empleados que de necesitar más bolsas de quemadura o marcadores, lo solicitarán directamente a ella o al equipo de «SEC Infosec».
Eliminación de programas
Tras asumir el poder, el presidente Trump, denunció una serie de irregularidades y un «nivel de corrupción sin precedentes», en el manejo de los fondos de USAID, lo que le costó el cargo al inspector general de la Agencia, Paul Martin.
En este sentido, Marco Rubio, encargado interino de la Agencia, anunció la eliminación del 83% de los programas financiados por esta institución, esto como partes de las medidas solicitadas por Trump. «Se cancelaron 5.200 contratos valorados en miles de millones de dólares. Estas iniciativas no respondían a los intereses estratégicos esenciales de Estados Unidos», destacó.
Entre las irregularidades destacan el uso de recursos de USAID para financiar a medios de comunicación en diversos países, incluido Venezuela, como parte de una estrategia de control social y para socavar sus instituciones.
En el caso de Venezuela la Agencia entregó más de mil 600 millones de dólares a los dirigentes ultraderechista: Leopoldo López, Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Carlos Paparoni y Lester Toledo.
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