“¿Metieron preso a Guaidó?”. Esa es la interrogante que circuló en redes y otros espacios de la vida venezolana, a partir de un mensaje que escribió en la red Twitter la esposa del exdiputado opositor, Fabiana Rosales. Según esta, varios funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) estarían en el sótano de su residencia “rodeando la camioneta” en donde estaba Guaidó.
Algunos medios se apresuraron al hablar de “inminente detención” y la oportunidad fue propicia para abonar en espectacularización y confusión.
Luego, el propio Guaidó admitió a la prensa que llegó hasta los alrededores de su casa: “Atención con esto, no hay orden de detención“. Dijo que supuestamente había sido víctima de una emboscada con armas de fuego y explosivos. Su esposa ratificó la información diciendo que ya Guaidó “estaba en casa”.
Lo cierto es que después que Rosales aseguró que se trataba de funcionarios de las FAES, Guaidó en su declaración de poco más de 10 minutos le desdijo al afirmar: “A esta hora no sabemos ni siquiera qué cuerpo u organismo era porque (…) Puede ser FAES, DGCIM o Sebin, pero responsabilizo a Nicolás Maduro”. Insitió en el discurso de la “dictadura” e informó que supuestamente su conmilitante Freddy Guevara “está desaparecido”. De este también la derecha aseguró que “había sido detenido” en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro.
Aún no hay declaración de los organismos de seguridad señalados sobre la situación. Lo confirmado sí es que Guaidó está libre y en perfectas condiciones, aun cuando hay suficientes elementos probatorios de que ha incurrido en varios delitos contra la Patria.
Prontuario de un criminal convicto y confeso
El 23 de enero de 2019, días después de haber sido nombrado presidente para un nuevo período legislativo de una Asamblea Nacional declarada en situación de desacato por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la nación, se autoproclamó presidente de la República en una conocida plaza pública de la capital.
Minutos más tarde, el gobierno de Donald Trump le reconoció como supuesto mandatario y, por ende, desconoció de golpe porrazo la voluntad popular expresada en urnas en mayo de 2018 que eligió a Nicolás Maduro como Jefe de Estdo para un segundo período constitucional.
A partir de este hecho, a todas luces violatorio de la Constitución y las leyes, vendría un proceso de desfalco a la nación y de entrega de recursos estratégicos del país a mafias y gobiernos extranjeros como los de Colombia, Reino Unido y Estados Unidos. Los ejemplos abundan, pero saltan a la luz como más conocidos los casos de Citgo, Monómeros y el oro depositado en el Banco de Inglaterra.
Estos recursos, ausentes por confiscados o hurtados, han denunciado gobierno y pueblo en más de una vez, han sido necesarios para atender a las víctimas del bloqueo, que con Trump recrudeció a niveles mortales, y luego para desarrollar el plan de prevención y control de la pandemia de la covid-19. Más recientemente incluso para la adquisición de las cantidades de vacunas necesarias para cumplir la meta de inmunización al 70% de la población para el mes de octubre de este año.
Contrato para matar
Por si fuera poco, Guaidó contrató con la complicidad de Estados Unidos y Colombia, a una empresa de mercenarios (SilverCop de Jordan Goudreau) para secuestrar y asesinar al presidente Nicolás Maduro y a varios miembros del alto mando militar y político de la Revolución. Ese contrato, que el Guaidó en persona rubricó, establecía que los mercenarios se convertirían en una suerte de fuerza ocupante del territorio y de gobierno que echaría por tierra toda la institucionalidad democrática vigente en el país. El propio Goudreau admitió el plan y la justicia venezolana, tras la aprehensión de varios involucrados en la llamada operación Gedeón, determinó que los mercenarios recibieron entrenamiento específico para la misión en una hacienda en Riohacha, Colombia.
La AN electa en diciembre último creó una comisión especial para investigar estas acciones calificadas de criminales y que califican en varios delitos tipificados en la legislación nacional.
Asimismo, el pasado fin de semana, se supo que la derecha ligada, o mejor comandada por Guaidó, está detrás de un nuevo plan de desestabilización que consiste en financiar y dotar de armamento letal a las bandas delictivas que operan en varios sectores populares del país, como la liderada por alias El Koki en La Cota 905.